El mismo día en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que iba a crear un impuesto a grandes fortunas, Pedro Sánchez se apresuró a cedérselo al PNV. El 22 de septiembre, Montero hizo el anuncio en los pasillos del Congreso, y pocas horas más tarde, Sánchez, desde la sede de la ONU en Nueva York, preguntado por el impuesto, ya subrayó que lo quería concertar con el País Vasco. Sin que se le hubiera cuestionado por este asunto y sin que los jelztales hubieran tenido siquiera la oportunidad de pedirlo.

Y es que el PNV ha mostrado gran beligerancia con los impuestos a banca y energéticas, que el Gobierno anunció en julio, y se ha pasado el verano exigiéndolos en todos los frentes. Finalmente, Sánchez trasladó a senadores vascos y navarros en el debate con Alberto Núñéz Feijóo en el Senado el 6 de septiembre que se lo cederá.

En el debate entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición este martes, la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia reclamó el impuesto a grandes fortunas, tres días antes de que este viernes se registren las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, que los jelztales no han descartado, junto con Bildu y ERC. Ciudadanos y Vox ya las han presentado y se prevé que el PP lo haga.

El PNV afronta esta negociación presupuestaria con la reclamación habitual de transferencias, entre ellas, algunas relativas a infraestructuras y migraciones, y del entramado de competencias de los nuevos impuestos, que preocupa al Grupo Vasco. "No queremos pensar que en esta senda de recentralización que está recorriendo el Gobierno, la voluntad última sea eludir la concertación de las Haciendas vasca y navarra y romper las reglas establecidas. Fundamentalmente también tengo que recordarle que esas reglas están basadas en el principio la bilateralidad y obligan a negociar y pactar entre ambas partes", ha advertido la senadora del PNV este martes.

Que los impuestos a banca y energéticas se denominen en la proposición de ley que los crea "prestaciones patrimoniales públicas no tributarias" cogió al PNV con el pie cambiado. Urkullu, durante la presentación el 28 de julio de su plan contra la subida de la inflación, como la deflactación del IRPF que el Gobierno de Sánchez rechaza hacer, señaló que sería necesario la convocatoria de la Comisión Mixta del Concierto para la concertación de estos impuestos y que sean recaudados en Euskadi.

Poco después el mismo 28 de julio se registraba en el Congreso la proposición de ley que crea las dos nuevas prestaciones, que no impuestos, con lo que en principio no habría que convocar la Comisión Mixta, ya que no se trata de un impuesto y por lo tanto, de entrada no se puede concertar con las Haciendas vascas.

Más que evitar su transferencia a País Vasco y Navarra, como ha apuntado el PNV, el que los impuestos se hayan creado como prestaciones patrimoniales parece deberse más a un intento de dificultar los pleitos de las empresas y de hurtarles derechos que tendrían como contribuyentes.

Pero el PNV no puede dejar que se siente el precedente de que haya una figura de tipo tributario estatal que se le imponga, sin que reclame sus competencias.

La Ley del Concierto Económico Vasco y la del Convenio Navarro fijan la capacidad normativa de las Haciendas forales para la legislación sobre el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades y la recaudación del IVA y del Impuesto de Hidrocarburos.

En el pasado ya se han hecho ajustes para incorporar la especificidad foral. Las palabras de Sánchez muestran la voluntad del Gobierno por encajar este asunto. Más allá de que se recoja en la proposición de ley de banca y energéticas, en la que el Grupo Socialista va a introducir el impuesto a grandes fortunas en forma de enmienda, para hacer estos cambios, será necesario modificar la Ley del Concierto Económico, lo que exige un proyecto de ley con acuerdo previo del Estado y País Vasco, de lectura única, al que se pueden presentar vetos pero no enmiendas parciales, según las fuentes jurídicas consultadas.

Los melones que se abren

El problema para el Gobierno, como ha advertido el Instituto de Estudios Económicos (IEE), es que a diferencia de impuestos como las tasas Google y Tobin, que el Gobierno vasco reclamó y se le transfirieron en base al Concierto, como en este caso no se trata, según la proposición de ley, de impuestos, todas las comunidades de régimen común pueden reclamarlos, el caso de Cataluña. Melón que puede abrirse.

Además, en el caso del concierto del impuesto a grandes fortunas, puede generar conflicto el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez sólo prevé cobrarlo de la Comunidad de Madrid y Andalucía, las comunidades que tienen el Impuesto de Patrimonio bonificado al 100%. Una cesión le permitiría a las Haciendas Forales hacer alguna adaptación en sus respectivos Impuestos de Patrimonio pero no parece que pudieran ir más allá.

No está claro que el Gobierno vasco busque recaudación con las grandes fortunas, a diferencia de con los impuestos a banca y energéticas, que pueden suponer un montante de ingresos importante para el País Vasco, donde tienen su sede social Iberdrola y BBVA, en un momento en que las Haciendas Forales van a deflactar el IRPF.

Sí que cabría en el marco del Concierto que el PNV pida al Estado parte de la recaudación del impuesto a grandes fortunas en Madrid y Andalucía, que se estima en 1.500 millones. Ya sucede con el IVA, que gestiona y recauda, pero sobre el que recibe compensación del Estado por lo que éste recauda en el resto de comunidades. No parece que sea una fórmula que convenga al Gobierno desarrollar a las puertas de las elecciones autonómicas del próximo mayo.

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