El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha escuchado las peticiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) ni del Banco Central Europeo (BCE), que esta semana han insistido en que son los países los que tienen que mover ficha con paquetes de estímulo fiscal para paliar el impacto del coronavirus, y ha aprobado unas medidas descafeinadas que se basan solamente en adelantar su propio dinero a las Comunidades Autónomas y aplazar el pago de impuestos a pymes y autónomos.
"La respuesta debe ser primordialmente fiscal", ha dejado claro Christine Lagarde, presidenta del BCE, después de anunciar un inyección de liquidez de 120.000 millones de euros para la compra de deuda del sector privado (parte de esa deuda es deuda pública que han adquirido los bancos nacionales), y de decidir mantener los tipos de interés sin cambios: la tasa de interés en las principales operaciones de refinanciamiento se queda en el 0%, las tasas de interés en la facilidad marginal de crédito en el 0,25% y la facilidad de depósito en el -0,50%.
El FMI, que publicó el miércoles su informe sobre la economía española, también advirtió a España de que era necesaria una respuesta fiscal potente para mitigar el impacto en la economía del coronavirus, pero Sánchez por el momento no ha escuchado estas recomendaciones y apenas ha tomado medidas en el plano fiscal (presupuestario).
Los mercados descontaban que la política monetaria del BCE respondiera de forma más contundente, con una bajada de tipos similar a la que ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que ha acentuado las caídas bursátiles en Europa a mediodía. El discurso de Sánchez, a las cuatro de la tarde en Moncloa, y la ausencia de medidas ha acabado por rematar a los mercados, abocando al Ibex 35 a cerrar la sesión con la mayor caída de su historia, del -14,06%, (superior a la del crack de 1929 o el lunes negro de 2008).
Ni estímulos, ni bajada de impuestos
Sánchez se ha limitado a anunciar un adelanto de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas del régimen común (no están incluidas la Comunidad Foral de Navarra ni el País Vasco, que ayer aprobaron sus cupos) de 2.800 millones de euros. Las entregas a cuenta son un mecanismo que utiliza la Administración Central para adelantarles a las comunidades lo que les corresponde por la recaudación de algunos impuestos y que no tengan necesidad de esperar a que acabe el año para recibirlos -el Estado les adelanta la recaudación esperada-.
En este caso, el Gobierno hará un anticipo en la entrega de ese dinero, que antes o después acabarían cobrando las comunidades y que les corresponde.
Además, con cargo al Fondo de Contingencia, se sacarán 1.000 millones para destinar a la Sanidad que se distribuirán principalmente en las zonas más afectadas en función del criterio del Ministerio competente.
Los autónomos, decepcionados con las medidas
Para pymes y autónomos, el presidente sólo ha aprobado el aplazamiento en el pago de impuestos. No se les perdona el pago, sólo que se les permite demorarse en el pago y si lo hacen más de tres meses tendrán que pagar intereses.
Aunque el presidente lo ha vendido como una inyección de liquidez de 14.000 millones de euros, esa cifra corresponde a lo que estiman que recaudarían en caso de que las empresas y autónomos sí tuvieran que hacer frente ahora a sus pagos fiscales. En verdad, ese dinero se acabará pagando aunque sea dentro de seis meses.
Hacienda permitirá que las empresas y los autónomos no paguen los impuestos que les corresponden de aquí al 30 de mayo, y aplacen el pago seis meses, con tres meses de carencia, de hasta un máximo de 30.000 euros. Estos aplazamientos se concederán por un plazo de seis meses, pero las empresas tendrán la opción de devolver el dinero a los tres meses y no abonar nada en intereses.
Las pymes y los autónomos podrán solicitar el aplazamiento por conceptos que hasta ahora tenían la consideración de inaplazables. Así, se permitirá aplazar las retenciones del IRPF, cuotas repercutidas de IVA y pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. La Ley General Tributaria no permite postergar el plazo de estos conceptos, algo que el Real Decreto-Ley modifica para dotar de mayor liquidez a pequeñas empresas y autónomos.
Además, habilitará una línea de crédito del ICO de 400 millones a empresas del sector turístico y de la hostelería.
Nos venden como inyección de liquidez de 14.000 millones de euros un aplazamiento tributario insuficiente. Parece que el Gobierno no es consciente de la magnitud del impacto económico de esta crisis"
Las asociaciones de autónomos (incluida algunas como UATAE, que suele ser partidaria de las medidas del Ejecutivo) se han mostrado "decepcionadas y preocupadas" por las medidas anunciadas.
"Se quedan cortas respecto a los problemas que sufren las y los trabajadores por cuenta propia: ni prestación especial por cese temporal, ni compensación por trabajos perdidos, ni liquidez para todos los sectores ni mecanismos de flexibilidad para los gastos ordinarios", lamentan.
Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA, la mayoritaria del colectivo) también lamentan la decisión del presidente. "Las medidas que se van a impulsar en materia económica son claramente escasas, muy alejadas del S.O.S que los autónomos lanzan al Gobierno ante la situación crítica que están viviendo", defienden.
