Economía

Sánchez veta que las CCAA, salvo País Vasco, ingresen el impuesto a los ricos

El impuesto aumenta el agravio comparativo con las comunidades de régimen común frente a País Vasco y Navarra. Y no sólo afectará a Madrid y Andalucía: los más ricos de las CCAA del PSOE también deberán pagarlo a Sánchez

  • El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El impuesto no podrá ser objeto de cesión a las Comunidades Autónomas". Así lo establece la enmienda a la proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas en la que los Grupos Socialista y de Podemos han el impuesto a grandes fortunas. A ninguna salvo a País Vasco y Navarra, que blindan de nuevo su excepcionalidad, lo que el Gobierno de Pedro Sánchez realiza incrementando el agravio comparativo en favor de las Haciendas Forales.

Y es que un impuesto que recentraliza competencias y que supone una armonización fiscal por la puerta de atrás sí se cede a País Vasco y Navarra y se establece específicamente que no podrá hacerse esto mismo con el resto de comunidades.

Cabe recordar que hasta la publicación este jueves de la enmienda, Hacienda no lo llamaba siquiera "impuesto" sino "gravamen", en línea con los impuestos a banca y energéticas, que trata de "prestaciones patrimoniales". Su renominación o nuevo bautismo como "impuesto" en la enmienda parece intentar salvar la incongruencia de que no se ceda a las comunidades de régimen común.

Sólo está regulado que se cedan impuestos a País Vasco y Navarra, no otro tipo de prestaciones, sobre las que el resto de CCAA tendrían los mismos derechos.

"La titularidad de las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión del impuesto corresponde al Estado", insiste el texto.

El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas "se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio" Económico vigentes en País Vasco y Navarra, respectivamente, establece la enmienda, que se remite a la adaptación del Concierto Económico con País Vasco y del Convenio con Navarra para transferírselo.

El PNV ha arrancado en la negociación de Presupuestos, a cambio de no presentar enmienda a la totalidad, una modificación de la Ley del Concierto en la que, entre otros asuntos y actualizaciones del Cupo, se desarrollará la cesión de este impuesto, que venía reclamando.

Esta cesión se va a producir en pleno debate en el País Vasco sobre la supresión del Impuesto de Patrimonio. Fuentes conocedoras dudan de que las Diputaciones Forales vayan a activar el impuesto a grandes fortunas y ven la exigencia de su cesión como un gesto político de reafirmación de sus competencias para que no se cree el precedente de que el Estado les impone un tributo.

Fuga de patrimonios a País Vasco y Navarra

En este sentido, las mismas fuentes auguran que puede producirse una fuga de grandes patrimonios de otras comunidades a País Vasco y Navarra.

La misma exigencia de cesión por la parte del PNV se dio este verano con los impuestos a banca y energéticas, que finalmente el Gobierno de Sánchez se apresuró a declarar que se les transmitirán.

No está claro que el Gobierno vasco busque recaudación con las grandes fortunas, a diferencia de con los impuestos a banca y energéticas, que pueden suponer un montante de ingresos importante para el País Vasco, donde tienen su sede social Iberdrola y BBVA, en un momento en que las Haciendas Forales van a deflactar el IRPF.

El impuesto a grandes fortunas no afectará sólo a Madrid y Andalucía. Una revisión a las tarifas del resto de CCAA, incluidas las gobernadas por el PSOE y Cataluña muestra que los más ricos de todos estos territorios también pagarán el impuesto a grandes fortunas a Sánchez, según jueguen los tipos y la exención autonómicos frente al nuevo impuesto y sus primeros 700.000 euros exentos.

De la misma forma que con los impuestos a banca y energéticas, las enmiendas del PSOE y Podemos establecen que el rendimiento del impuesto a grandes fortunas se ingresará en el Tesoro Público y se destinará a "financiar políticas de apoyo a los más vulnerables".

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