La Seguridad Social alcanzará un déficit récord en 2023 de 31.800 millones sin la 'inyección' de ingresos del Gobierno prevista, de 19.900 millones, para cubrir los denominados "gastos impropios" por su carácter asistencial y no contributivo. El compromiso de que el Estado asuma estos gastos está incluido en la última reforma de las pensiones impulsada por el ministro José Luis Escrivá con el objetivo de "equilibrar las cuentas del sistema público de pensiones".
La diferencia en las 'caja' de la Seguridad Social contributiva es sustancial: pasará de un déficit de 31.841 millones sin gastos impropios (2,3% del PIB) a 13.445 millones en 2023 (0,9% del PIB) si se 'excluyen' dichos gastos del saldo, según los cálculos realizados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Es decir, que con las transferencias estatales se reduce el déficit del Gobierno en más de la mitad.
En ambos casos, el informe -firmado por Miguel Ángel García, miembro de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos- excluye los ingresos extraordinarios obtenidos por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que deben inyectarse en el (sub) Fondo de Reserva para ser utilizados en el pago de pensiones a partir de 2032.
Este Mecanismo eleva un 0,6% el tipo de cotización a partir de 2023 y durante diez años para nutrir este Fondo de Reserva (también conocido como 'hucha de las pensiones', prácticamente vacía tras años financiando prestaciones por desempleo y políticas activas de empleo con el superávit acumulado en la Seguridad Social hasta 2011).
La Seguridad Social registró superávit entre 1999 y 2010, aunque ya en 2009, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera, inició una tendencia negativa, con disminuciones del saldo positivo en 2009 y 2010 y déficit a partir de 2011. El desfase de ingresos y gastos más elevado de la historia de la Seguridad Social se alcanzó en 2020, año de la pandemia, con un saldo negativo de 30.221 millones.
En 2023, de no ser por la inyección de casi 20.000 millones aprobada por el Gobierno en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el 'agujero' de la Seguridad Social se situaría por encima incluso de esa cifra. De hecho, esto es lo que preocupa a los expertos de Fedea, que el déficit de la Seguridad Social en 2023 sin traspasar los "gastos impropios" sería el más alto de la serie histórica que arranca en el 2000, después de que la Seguridad Social dejara de financiar la sanidad pública en 1999.
Como gastos "impropios" el Gobierno considera las reducciones en las cotizaciones sociales para fomento del empleo, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento de maternidad en las pensiones, las medidas de apoyo (subvenciones implícitas) a regímenes especiales para ayudas a sectores específicos, la cobertura de las lagunas de cotización y los costes de funcionamiento.
La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ya consideraba "discutible" hace un año calificar como “impropios” todos los conceptos que el Gobierno considera como tales, como sucede por ejemplo con la prestación contributiva por nacimiento y cuidado de hijos o con los gastos de funcionamiento que, en su opinión "deberían soportar los asegurados/beneficiarios del sistema y no el conjunto de los ciudadanos".
Ahora Fedea también destaca que las transferencias del Estado a la Seguridad Social para financiar unos "supuestos" gastos impropios ("pues, al menos en parte, no son tales y, por tanto, no deberían correr a cargo del Estado", señalan) ascienden ya al 1,4% del PIB tienen el efecto de trasladar una porción del déficit real de la Seguridad Social contributiva a las cuentas del Estado, ofreciendo así una imagen "no ajustada a la realidad" de la salud financiera del sistema contributivo de pensiones.
No acabará con el déficit en 2023
Pero aún traspasando esos gastos al Estado, el Gobierno no cerrará la legislatura en 2023 sin déficit en la Seguridad Social, como prometió. En verano de 2021 Escrivá se dio dos años para resolver el desequilibrio presupuestario agravado durante la pandemia. Hace unas semanas, con la presentación de unos Presupuestos que contemplaban un déficit del 0,5% en la Seguridad Social, Escrivá cambiaba el discurso y prometía únicamente "seguir avanzando hacia el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social" en 2023.
El motivo es evidente: mientras la factura de las pensiones marca máximos cada año, la cifra de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social no crece tan rápido. Además, en 2023 el gasto en pensiones experimentará un fuerte incremento por la indexación por ley al IPC. El Gobierno cuenta con revalorizar las pensiones en 2023 con la inflación de este año (con la media de las variaciones anuales del IPC entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022), lo que anticipa un incremento de las mismas en cerca de un 8,5%.
Esto resultará en un gasto extraordinario superior a los 15.000 millones, según los cálculos del Banco de España (BdE). El supervisor bancario ha alertado sobre el impacto negativo que tendrá esto en las cuentas públicas, al ser un gasto que se consolida en el tiempo, y sobre la necesidad de hacer una excepción con la revalorización de las pensiones en 2023 e indexar al IPC de 2022 únicamente las más bajas.
En este sentido, Fedea también tildó de "incoherente" en el informe publicado este miércoles que "en un Sistema con saldo negativo a pesar de haber inyectado una gran cantidad extra de dinero y en el que se espera en breve la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación, se proceda a elevar todas las pensiones en un porcentaje muy elevado que aumentará exponencialmente durante muchos años".
Los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada tampoco están de acuerdo con que en 2023 se vaya a realizar una aportación (la primera en más de una década) al Fondo de Reserva, por 2.793 millones, cuando los ingresos disponibles son insuficientes para afrontar las obligaciones de gasto.
