En cuestión de días, un grupo reducido de funcionarios cogerá un vuelo en Bruselas con destino a Madrid. Vienen a España con el emblema de la Comisión Europea en los portafolios y tienen ya citas programadas con responsables del Ministerio de Economía y de la Oficina Económica de Moncloa. La misión está agendada desde junio y consiste en revisar si el Gobierno español está cumpliendo lo que prometió: avanzar en las reformas que le hacen merecedor de una nueva partida millonaria de fondos de recuperación.
No son hombres ni mujeres de negro, como antaño, cuando los socios de la Eurozona tuvieron que auxiliar al sector financiero español. Luis de Guindos nunca quiso llamarlo "rescate", pero el caso es que la intervención de 2012 se materializó en una ayuda de 100.000 millones, condicionada a un severo programa de ajustes. Los funcionarios europeos vienen ahora con diferente traje pero con la misma calculadora.
A mediados de agosto, Bruselas hizo una primera transferencia de 9.000 millones a España, un aperitivo de lo que queda por llegar: esta partida representa un 13% del total de fondos directos asignados a España (70.000 millones, a los que se sumarán otros tantos en créditos). Antes de que acabe el año, la Comisión debe ordenar otro giro de 10.000 millones. Sin embargo, a diferencia del anterior, este ya irá supeditado al cumplimiento de compromisos concretos. Y eso es, exactamente, lo que revisarán con lupa los funcionarios europeos en Madrid.
Según fuentes conocedoras del procedimiento, la delegación mantendrá encuentros con los grupos de trabajo que están hoy a las órdenes de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño; y de Manuel de la Rocha, quien lidera -desde la Secretaría General de Asuntos Económicos de Moncloa- la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas reuniones serán las primeras de una larga lista. En realidad, la Comisión Europea ejerce un control permanente, con intercambios telemáticos de información entre funcionarios de Bruselas y Madrid. Pero el reglamento que regula el fondo Next Generation EU, aprobado en julio de 2020, imponen una serie de exámenes periódicos 'in situ'.
En principio, está previsto que los Estados miembros soliciten las remesas dos veces al año. Al Gobierno español le toca ya pedir formalmente la segunda partida (10.000 millones). Sin embargo, a fecha de hoy, sólo puede ofrecer algunos avances a sus 'examinadores', como la primera fase de la reforma de las pensiones. Pedro Sánchez se lo juega todo en el último trimestre del año. Entre octubre y diciembre, el Gobierno debe dar una nueva vuelta de tuerca a las jubilaciones y sentar las bases de la nueva reforma laboral.
No lo tendrá fácil, a juzgar por el clima que se respira en la mesa del Diálogo Social. La imposición de la subida del salario mínimo ha disgustado a las patronales -que pedían esperar a 2022- y ha contentado mínimamente a los sindicatos -que reclamaban un incremento muy superior a los 15 euros-. Y lo que toca negociar ahora es lo más complejo.
El dinero no importa tanto si España no tiene estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. ¿De qué sirve el dinero europeo si hay inversores que no se fían de ti?"
En el caso de las pensiones, las tres partes deben definir -entre otros asuntos- el nuevo Factor de Equidad Intergeneracional. Este mecanismo sustituye al polémico Factor de Sostenibilidad, implantado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que limita el sueldo de los pensionistas en función de su esperanza de vida. "No se conocen sus detalles, pero sí que entrará en vigor a partir de 2027 y que supondrá una menor generosidad", precisa el informe que publicó BBVA Research tras conocer los acuerdos de junio. El organismo dirigido por Rafael Doménech recordaba entonces que el primer acuerdo "no mejora la sostenibilidad de las cuentas públicas y aplaza las decisiones más difíciles", ya que "traslada el problema de sostenibilidad de las pensiones al Estado" y "aplaza al futuro el grueso de medidas que, dependiendo de su diseño, pueden reducir su déficit y no incorpora otras que asegurarían un sistema más sostenible".
El camino de la reforma laboral barrunta más baches aún. Bruselas está pidiendo medidas urgentes para reducir la temporalidad y el bochornoso paro juvenil. Pero reclama, eso sí, avances y no retrocesos. El escenario es complejo para Sánchez, ya que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, está pidiendo, precisamente, dinamitar la norma que dejó en herencia Rajoy. Y los empresarios ya han planteado líneas rojas, como la prevalencia de los convenios de empresa -o al menos, buena parte- frente a los sectoriales. A su favor, por el contrario, juega el buen hacer de Calviño en los despachos comunitarios. También la percepción positiva que tiene sobre nuestro país la propia presidenta de la Comisión Europea.
En julio, coincidiendo con la crisis de Afganistán, Ursula Von der Leyen, aseguró que "España es un ejemplo del alma de Europa en su mejor expresión". Un mes antes, había piropeado en público el Plan de Recuperación cocinado en Moncloa: "Tiene el potencial de transformar la economía española para pasar a una economía más digital. España surgirá más fuerte y preparada tras esta crisis".
Quienes siguen de cerca la política comunitaria creen que la Comisión Europea no cargará las tintas contra España este año, a menos que los incumplimientos sean descarados. "Es un terreno desconocido para todos, se está haciendo camino al andar", explica un consultor inmerso en el reparto de los fondos. "Si el Gobierno no cumple, Bruselas está obligada a hacer algo, tiene que en enviar un mensaje de cara a los países frugales. Pero puede limitarse a un tirón de orejas y aplazar las medidas drásticas a 2022", añade.
Lo paradójico es que la llegada del dinero sigue generando más dudas que entusiasmo entre muchos empresarios. Y ese sentimiento puede ir a más. "El fin último de los fondos europeos no es la recuperación, sino la reestructuración. Al principio, pueden generar menos empleo y actividad de lo que se esperaba y eso va a desinflar un poco el optimismo. Tampoco contribuye mucho la bronca política constante", advierte un exministro que está siguiendo de cerca los grandes proyectos.
El fiasco de las ayudas directas (7.000 millones), que están llegando con cuentagotas año y medio después de arrancar la pandemia, provoca desconfianza entre las pymes. "En verano ha habido concursos para acceder a proyectos vinculados a los fondos con plazos de sólo 10 días. Sacan una subvención y en esos días hay que presentar una iniciativa, eso es imposible", cuentan desde una organización empresarial.
El fin último de los fondos europeos no es la recuperación, sino la reestructuración. Al principio, pueden generar menos empleo y actividad de lo que se esperaba, y eso va a desinflar un poco el optimismo"
A las grandes empresas, por su parte, ahora les aflige más el clima político que el desembarco de los fondos. "Las empresas no están preocupadas por el dinero que llega, sino por saber qué pasa con la reforma laboral, las cotizaciones sociales, los precios de la energía, la ley de alquileres...", confiesa un empresario bien conectado con el Ibex. "Por ejemplo, en los PERTE, de cada cinco euros, cuatro son privados y uno procede de los fondos. "El dinero no importa tanto si España no tiene estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. ¿De qué sirve el dinero europeo si hay inversores que no se fían de ti?", se lamenta.
Hay otro factor que alimenta el pesimismo de quienes mueven el dinero. "Europa está deseando que se muevan las cosas, qué funcionan los fondos, demuestra firmeza. Pero luego vemos lo que está pasando con el poder judicial en España... Europa lleva tres años lanzando advertencias, pero aquí seguimos igual y no pasa nada", recuerda el mismo empresario. Los fondos van a generar grandes frustraciones, porque la política lo están intoxicando todo".
