UGT cree que las llamadas "empresas zombis", aquellas a las que se les acusa de ser empresas "muertas" que sobreviven gracias a mecanismos como los ERTE, son la "minoría". Por eso, el sindicato considera que el Gobierno debería hacer un análisis detallado de cada una de las empresas que solicitan acogerse a estos expedientes, para así poder rechazar a las que los aplican "por causas estructurales y no por causas coyunturales".
Con 272.190 trabajadores acogidos a los ERTE a cierre de agosto, 59.296 menos que a finales de julio, UGT cree que ahora sí sería posible estudiar caso por caso las peticiones, para concluir si la empresa se acoge a los ERTE por causas derivadas de la pandemia o si, en caso contrario, mantiene un negocio que no se recuperará después. Además, el sindicato considera que de este modo podría analizarse si hay compañías que incluyen a trabajadores en ERTE que podrían estar desempeñando su trabajo con normalidad.
"Es necesario analizar empresa por empresa los motivos de continuar en ERTE, y no vincular problemas estructurales propios a elementos propios del covid", apuntan fuentes de UGT, que recalcan que "no solo necesario, sino también de justicia para aquellos que sí que realmente lo necesitan".
Hasta ahora, la Inspección de Trabajo se ha centrado en detectar fraudes en los ERTE aplicados, el más habitual de ellos consistente en mantener la actividad del negocio aunque oficialmente la empresa se encontraba en ERTE de suspensión. Según las cifras que maneja el ministerio que dirige Yolanda Díaz, la inspección había detectado hasta el 1 de junio 5.459 ERTE fraudulentos hasta este 1 de junio, por los que ha impuesto sanciones por más de 26 millones de euros.
El sindicato pondrá esta reclamación sobre la mesa en la reunión para debatir la prórroga de los ERTE, que se espera en los próximos días. "Creo que hay que hacer ese trabajo de examinar dónde están los ERTE y si tiene sentido que algunas empresas lo sigan aplicando", apuntaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en un desayuno con periodistas celebrado este lunes. A su parecer, la investigación demostrará que los casos así "son mínimos", lo que permitirá que la negociación para que los expedientes se prorroguen sea más sencilla.
Sindicatos y patronal se dan la mano
Tanto CCOO como UGT defenderán en la mesa de diálogo social que sea el 31 de diciembre la fecha para la que se fije la próxima extensión. Después, explican fuentes sindicales, discutirán en la mesa sobre la reforma laboral la introducción de mecanismos de flexibilidad interna al que las empresas puedan acudir en vez de despedir trabajadores, basado en parte en los ERTE pero con modificaciones.
También la organización de autónomos Uatae pidió este jueves al Ejecutivo que los prorrogue hasta entonces, así como la prestación por cese de actividad para autónomos, a la que están acogidos actualmente más de 222.700 trabajadores por cuenta propia.
