El empresario mexicano Antonio del Valle, conocido en España por su inversión en Banco Popular junto a otros inversores aztecas ya ha comenzado el proceso de arbitraje internacional contra España ante el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial encargado de resolver los principales pleitos internacionales. Reclaman lo que perdieron con la resolución, 470 millones de euros.
Del Valle considera que tanto el Gobierno como el Banco de España propiciaron la caida de Popular al no tomar las medidas adecuadas para mantener a flote el banco. "La resolución de Banco Popular fue erróneamente causada por múltiples actos y omisiones por parte de España antes, durante y después de la resolución, incumpliendo las múltiples garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos y el derecho internacional aplicable", explican los inversores en un comunicado.
Los inversores aztecas, representados por el despacho Kirkland & Ellis, han podido arrancar el proceso de arbitraje internacional ante el Ciadi una vez que el Senado mexicano ratificó a comienzos de mayo una ley que ajusta la normativa del país al convenio del organismo. De este modo, el país azteca en miembro efectivo del Ciadi desde finales del pasado mes de julio. Este punto era importante para los intereses de Del Valle, pues las resoluciones ante el Ciadi, a diferencia de otros, son vinculantes y pueden suponer sanciones a países, como ha pasado en España con las renovables.
Otro arbitraje ante la ONU
En paralelo, los inversores han iniciado otro arbitraje ante el CNUDMI, el órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas. No obstante, estas resoluciones, al contrario de lo que ocurre con las de la institución dependiente del Banco Mundial, no son vinculantes.
"Las acciones del Gobierno español antes, durante y después de la resolución de Banco Popular incumplieron las obligaciones de España con el Grupo de Inversores de México bajo el tratado de inversión bilateral entre México y España. Por su conducta, España negó un trato justo y equitativo, un entorno legal y regulatorio estable y predecible, protección contra medidas arbitrarias y no transparentes que afectan sus inversiones y contra la expropiación ilegal", comenta al respecto Javier Rubenstein, socio de Kirkland & Ellis.
El arbitraje internacional ha comenzado después de que Del Valle, junto al resto de socios, notificasen a España su intención de iniciar el proceso el pasado enero. Tras un periodo de seis meses negociaciones amistosas infructuoso, los inversores mexicanos han podido comenzar el procedimiento de arbitraje.
Junto al exconsejero del Popular reclaman otras grandes fortunas mexicanas como Germán Larrea, la segunda mayor fortuna mexicana por detrás de Carlos Slim; las familias De Garay y Rojas Mota Velasco, al frente en la actualidad del grupo de banca de inversión GMB; y Antonio Cosío Ariño.
El arbitraje es una de las vías con las que los Del Valle están intentando recuperar el dinero que perdieron con la resolución del Popular, 470 millones. El mexicano y su mano derecha, Jaime Ruiz, fueron consejeros del Popular entre 2014 y 2017. Lideraron el frente que echó a Ángel Ron de la presidencia y promovieron una fusión con Banco Sabadell, junto a otros inversores latinoamericanos. Tanto Del Valle como Ruiz están imputados en el proceso de la Audiencia Nacional.
Estos inversores también se encuentran inmersos en el proceso legal contra la resolución de Popular ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y buscan acceder a información relevante sobre el caso a través de un Discovery en Estados Unidos.
