El cierre de Radiotelevisión Valenciana ha supuesto un shock mediático y ciudadano: más de 1.600 despidos y un volumen de deuda acumulada de alrededor de 1.200 millones. Sin dejar de lamentar esos despidos (curioso que los hoy indignados trabajadores de Canal 9 y sus representantes sindicales no hayan impugnado nunca, que se sepa, la gestión caótica, clientelar y corrupta de los responsables políticos del ente), interesa resaltar que lo acontecido en Valencia es un ejemplo más del grado de putrefacción alcanzado por uno de los pilares del Estado, el sistema autonómico, tan querido por sus beneficiarios, las elites políticas y económicas regionales, y tan crecientemente denostado por aquellos ciudadanos conscientes que pagan sus impuestos y son testigos silentes de la incompetencia y del clientelismo imperantes.
Lo de Canal 9 es un botón de muestra llamativo, pero no es la excepción que confirma la regla, porque, lamentablemente, es la regla de la España de las autonomías, un disparate que no se puede seguir ignorando. Desde la creencia en el valor del Estado como instrumento para garantizar la libertad y la solidaridad, es necesario insistir en que la revisión del modelo actual debe incluirse en el guion de los cambios constitucionales para intentar superar esta inacabable crisis española.
La crisis ha evidenciado nuestros déficits y carencias, además de poner de manifiesto la suma de abusos y despilfarros realizados al amparo de las décadas doradas del dinero fácil de la especulación financiera. Y, como consecuencia de ello, es lógico que se cuestionen algunas realidades o instituciones, tenidas por sacrosantas, que no lo son ni por asomo. Hoy interesa resaltar lo evidente: que las comunidades autónomas, cuyos vicios clientelares y escaso sentido de la solidaridad son lugar común de conversación entre españoles, se han convertido en la práctica en paralizantes contrapoderes estatales. La ruina del sector de las cajas de ahorros es una de las hazañas más recientes y costosas en la que, precisamente, la Comunidad Valenciana ocupa un lugar de "honor". Ni el Gobierno más ilustre podría ordenar el laberinto actual sin cambios previos e importantes, siendo como es una evidencia las crecientes dificultades de entendimiento entre el poder central y las elites políticas autonómicas. Quizá el Gobierno es consciente de los problemas, pero sus servidumbres partidarias con las satrapías regionales y la rigidez del tejido jurídico constitucional le impiden afrontarlos como debiera.
Autonomías viciadas
Ni el más conspicuo de los defensores del derecho a la autonomía de las regiones, regulado por la Constitución, podría respaldar sin sonrojarse la realidad actual del mismo: su ejercicio ha sido vanidoso y viciado, hasta el punto de convertirse en uno de los problemas capitales que tiene España para recuperar sus equilibrios. Ojalá no hubiera sido así, pero es así, y resulta ineludible revisar un modelo que se ha convertido en lastre insoportable para el ejercicio correcto del poder público. Todas las instituciones deben estar al servicio del bien común, y es fácil demostrar que el conjunto de las comunidades autónomas no está cumpliendo con dicho objetivo. Al pensamiento liberal le repugna la sacralización de las instituciones y por eso cualquiera de ellas que acredite un ejercicio continuado de mal gobierno debe revisarse o cambiarse.
El escándalo de Canal 9, la cuestión catalana, las subastas fiscales entre las regiones y el incremento de las desigualdades entre españoles en función de la región en que habiten, son algunos ejemplos de asuntos que emiten un tufo de descomposición de los poderes públicos insoportable, y una realidad que pone en riesgo la viabilidad de la recuperación económica del país, recuperación imposible sin esfuerzo y sin confianza. Por desgracia, ni el uno ni la otra se atisban en el campo de Agramante de la política de las regiones españolas. Nunca como ahora ha sido tan urgente el cambio.
