Digámoslo de entrada, para no irnos por las ramas: la nueva Ley de Tasas Judiciales aparecida el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es una norma injusta, inoportuna e innecesaria, que afectará al bolsillo de los ciudadanos en una época, además, de aguda crisis económica como la que atravesamos.
Conviene decir enseguida que para quienes conocemos el paño que se guarda en el arca de Alberto Ruiz-Gallardón, la sorpresa es mínima, por no decir nula. He aquí a un profesional -en la peor acepción del término- de la política que, tras años de marear la perdiz con su supuesto progresismo, se quita el disfraz en cuanto toca poder real y da muestra de la calidad de su filón ideológico y de sus maneras, autoritarias, de entender la relación entre la Administración y los administrados.
Si damos por buena la idea, vigente al menos desde el “Contrato Social” de Rousseau y antes aún, de que la primera obligación de todo Gobierno consiste en evitar el sufrimiento y propiciar la felicidad de los gobernados, parece evidente que este Ejecutivo, y particularmente algunos de sus Ministros, tal que el que nos ocupa, no tienen más objetivo que tocar las pelotas (dicho sea con todos los respetos para el lector) de los atribulados ciudadanos con decisiones administrativas que no hacen sino empeorar sus condiciones de vida.
Tuvimos ya muestras sobradas de su “temperamento” durante sus años como alcalde de Madrid, con decisiones más que polémicas en el terreno de las infraestructuras que elevaron la deuda de la capital hasta los 8.000 millones, y las estamos teniendo una vez que, elevado al empleo de Ministro, ha destapado el tarro del aborto, la homosexualidad y, ahora, las tasas judiciales. ¿Figura esta cuestión ahora mismo en el frontispicio de las preocupaciones de los españoles? ¿Lo está, siquiera, la eternamente maltratada Justicia? No padre. Lo que ocurre es que nuestro príncipe de las tinieblas tiene su propia agenda política -al margen de la del Gobierno al que pertenece-, y en función de ella se mueve.
Estamos ante un personaje sediento de Poder, un pirómano que puede prender fuego a un Ejecutivo al que no faltan precisamente problemas de enjundia. Pero ahí le tenemos, poniendo en marcha una Ley que ha sido aprobada sin escuchar a los operadores jurídicos -los abogados y jueces que trabajan día a día ante los tribunales-, sin debate y por el procedimiento de urgencia.
Mano a la cartera si se cruzan con Gallardón
Ahí está él, arropando una Justicia para ricos (que se la podrán pagar) y para pobres (que tendrán turno de oficio), pero dejando a la intemperie a las clases medias, los eternos paganos, a una mayoría de la población (aquellos que ganen poco más de 1.200 euros) que, a partir de ahora, tendrá que afrontar unos tributos inasumibles (pagar 200 euros, por ejemplo, por recurrir una multa de tráfico de 100) en lo que claramente constituye una barrera inconstitucional para acceder a la Justicia.
Se trata de imponer unas tasas disuasorias para, en teoría, evitar el colapso judicial, ello a cambio de poner barreras al derecho a acudir a los jueces, de poner en entredicho ese derecho ciudadano presente en cualquier texto constitucional de la tutela judicial efectiva. En su obsesión recaudatoria y por sus bemoles, el señor ministro de Justicia acaba de crear una balanza en la que el derecho fundamental de defensa está en un platillo y en otro el pago de un tributo para acceder a la jurisdicción.
Los interrogantes que la nueva norma introduce son incontables. Por poner un ejemplo, si a partir de ahora hemos de pagar por una Justicia mantenida con los impuestos de todos los españoles, ¿habremos de pagar en el futuro una tasa cada vez que la Guardia Civil o la Policía intervengan? Pretender reducir la litigiosidad propia de los españoles a costa de que no puedan ejercer la defensa de sus derechos ante la Justicia, parece pretensión propia de mente dictatorial y nada democrática.
Por si todo ello fuera poco, será muy difícil que la nueva norma logre reducir efectivamente esa litigiosidad y sí, en cambio, aumentar la carga, hasta colapsarla, de la jurisdicción penal, la única que ahora queda exenta de tasas. Estamos, en definitiva, ante una ley inconstitucional porque afecta al principio de igualdad de los españoles, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y limita el acceso a la Justicia. Apunten este nombre: Alberto Ruiz-Gallardón, y cambien de acera si lo ven venir de frente. Y, sobre todo, echen mano a su cartera.
