Greenpeace se ha lucido en su estrategia de oposición a las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas canarias ante el Tribunal Supremo.
La organización ecologista presentó el año pasado un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedió a Repsol nueve permisos de investigación para buscar petróleo en aguas Canarias.
En septiembre pasado se supo que la ONG había retirado su recurso al presentar un escrito de desestimiento por un "error administrativo" de sus servicios jurídicos. Todo se debió a una confusión de sus abogados: "Al parecer, se han equivocado en el número de referencia de esta causa y han presentado el desistimiento cuando no era esa nuestra intención", explicó entonces al diario ABC Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace España.
Hasta ahí, lo conocido; lo que no se sabía hasta ahora es que el Tribunal Supremo había admitido a trámite el recurso de Greenpeace con fecha 21 de mayo, según recoge el BOE de este jueves.
A la organización ecologista, que no se ha librado de la brutal crisis económica (el pasado verano presentó un ERE para el 12% de su plantilla en España ante los menores ingresos por cuotas de sus socios), no va a servirle de nada la aceptación del recurso por parte del Supremo porque, pese a sus intentos de continuar adelante con el proceso, su error le ha dejado fuera del mismo.
"Desgraciadamente ya no estamos en este procedimiento; cuando pedimos ser readmitidos, la normativa no nos permitía volver a sumarnos", explican al Buscón fuentes de la organización ecologista, que no obstante ha optado por seguir la vía europea para tratar de impedir las prospecciones de Repsol, porque entiende que vulneran las directivas comunitarias. Quizá a la segunda sus abogados acierten.
