¡Alarma, alarma! ¿No será usted habitante de remotos lares tales que Cabeza de Buey (Cáceres), Alcázar de San Juan (Cuenca), Jabugo (Huelva) o Puebla de Sanabria (Zamora)? ¡Mi pueblo va a quedar sin tren!, gritará excitado algún alcalde que no quiere pasar a la historia como 'aquél con el que se cerró la línea'.
Más de uno se habrá sobresaltado al leer ayer El País y comprobar que la opción que le queda para llegar diariamente a destino no es, ah, el plácido tren que surca la geografía española y permite ver los paisajes sin marearse a cambio de abonar algo más que en el bus, a veces mucho más, por un boleto. De acuerdo con la portada de ayer, medio centenar de líneas serán cerradas por el nuevo Gobierno, una noticia que sería motivo de alarma si no fuera… porque no es verdad.
Hay toda una intrahistoria detrás de esta publicación de la que ha tenido noticia El Buscón. Mejor dicho, hay dos. La primera tiene que ver con el informe de Ineco que adjunta El Diario Global en Español en su web para remachar la supresión de 48 líneas: en la introducción del documento (pág. 4) que viene a dilucidar qué relaciones ferroviarias dejan de ser Obligación de Servicio Público, es decir, de ser subvencionadas, es decir, prácticamente de existir, se remite al lector hasta cuatro veces a una fecha: 30 de diciembre de 2010.
Ese día, en plena Navidad y ocaso del zapaterismo, se resolvió un acuerdo en Consejo de Ministros, el cual consistía en la aprobación de un informe de Ineco encargado por 'Pepiño' Blanco, recién aterrizado en Fomento. El fin de este informe propugnaba “racionalizar” los servicios que presta Renfe con sus trenes deficitarios. Y hete aquí que el documento solicitado por Blanco ¡es el que se colgó ayer en la web de El País!
¡Pero alto ahí!, dirán. En la primera página del informe, justo debajo del infumable título (Definición de los servicios ferroviarios de Media Distancia que se regirán por OSP y Análisis intermodal por corredores de los servicios de transporte de Viajeros de Media Distancia por Ferrocarril y Carretera), lo dice clarito: Abril de 2012. Y además, ayer por la tarde se publicó una segunda noticia en la web de Miguel Yuste 40 que insistía en esta línea: “El informe del Ineco fue finalizado en abril de 2012, pero entró en el registro del Congreso de los Diputados el pasado 22 de abril para su discusión”. ¿Seguro que este papel es de 2010 y no de 2012?
Segurísimo. Y aquí viene lo más interesante: al poco de la victoria electoral del PP, la diputada popular Carmen Librero anuncia una “racionalización” de las OSP similar a la de 'Pepiño' “tomando como punto de partida el informe de Ineco elaborado con los datos de 2010”. Para ello, encarga a Ineco un 'informe del informe' mucho menos agresivo que el anterior, respetando la mayoría de líneas y cerrando, si acaso, alguna completamente deficitaria, así como un sinfín de servicios horarios. Una treintena de relaciones se verían afectadas por o bien el cierre (caso extremo) o bien la supresión de frecuencias (caso común). De hecho, El País se hace eco del segundo informe el pasado 22 de marzo a través de un artículo de Joseba Elola mucho más afín a la realidad.
Dos meses después, en Miguel Yuste 40 se notifica un segundo informe que choca de pleno con el presentado. ¿Quién lo filtró? A saber. Solo se conoce, gracias a la web del Congreso, qué diputad@ lo pide el pasado 22 de abril, pero El Buscón no insinúa, ni mucho menos, que fue el demandante el que después se lo largó a El País…
