García Margallo, amíguisimo de Mariano Rajoy como le gusta ser catalogado al ministro de Exteriores, tiene problemas internos. El Palacio de Santa Cruz no es una balsa de aceite precisamente. El talante, nada cordial y algo agrio en el trato diario del ministro con algunos de sus colaboradores ya se han asumido como algo normal.
Posiblemente entre las relaciones menos fluídas son las que mantiene el ministro con su secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, letrado en Cortes, larga trayectoria en el PP y europeísta convencido, como demuestran sus obras, su actividad profesional y sus reconocimientos internacionales. Méndez de Vigo, parlamentario europeo durante varias legislaturas, no ha disimulado en los últimos tiempos el bajo nivel de entendimiento personal y laboral con el ministro, aunque, nobleza obliga, procura ocultarlo y mantenerse siempre a disposición de la jerarquía, como corresponde.
Sin embargo, la política de nombramientos, las intempestivas declaraciones sobre todo tipo de asuntos, los comentarios displicentes referidos a subordinados y aún colaboradores, de que hace gala el titular de la diplomacia española, no le granjean precisamente amistades en su entorno cotidiano. Tampoco le preocupa demasiado. Algunos de los últimos nombramientos importantes en su organigrama han llamado poderosamente la atención, como la designación de determinados perfiles para cubrir legaciones diplomáticas. No siempre consulta, ni siquiera informa, de estas decisiones a los jefes de área afectados por la novedad. Es el estilo de la casa.
En los últimos tiempos llamó poderosamente la atención, por ejemplo, el nombramiento de una profesora de Derecho Tributario por la Universidad de Castilla la Mancha, Almudena Muñoz, para ocupar la recientemente inaugurada Casa Mediteráneo, una idea excéntrica de los tiempos de Zapatero y la Alianza de Civilizaciones, que Margallo ha mantenido en su agenda (quizás porque tiene su sede en la Comunidad Valenciana, región con la que mantiene estrechos vínculos biográficos y políticos) y que a los españoles nos cuesta más de 700.000 euros al año. El resto de las instituciones implicadas en el proyecto, ayuntamientos de Jávea o de Alicante, prácticamente se han borrado del equipo patrocinador. Si de suprimir instituciones no estrictamente necesarias y de adelgazar las estructuras del Estado, esta Casa Mediterránea carece, en estos tiempos, de justificación, según fuentes de Exteriores.
