Nadie lo pone en duda. Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid y uno de los valores en alza del PP capitalino, se pirra por twitter. Ella, que asegura en su perfil en esta red social que “la Universidad ha sido mi ocupación y la política mi vocación”, ha encontrado en los 140 caracteres un altavoz mediático que utiliza con profusión todos los días para hacerse más conocida a votantes y simpatizantes de su partido. Ahí están sus cerca de 33.000 tuits y sus más de 24.700 seguidores. No deja día sin tuitear ni acto al que asiste sin reflejar en su perfil, numerosas fotos incluidas. El jueves pasado, por ejemplo, mandaba su último mensaje a las 23:57. Eso es afición.
Claro que tanta actividad tiene sus peligros ‘virtuales’. Por ejemplo, que alguien suplante su personalidad, foto incluida, en la misma red social y comience a mandar mensajes a diestro y siniestro que nada tienen que ver con la línea ideológica ni las ocupaciones de la ‘ciberdelegada’. Ocurrió el día antes de la huelga general, aunque hasta ahora no había trascendido. Un desconocido creó un perfil nuevo para la política más tuitera con una pequeñísima diferencia respecto a su cuenta real: si ésta es @ccifuentes, el suplantador eliminó la ‘s’ final y comenzó a tuitear desde @ccifuente. Entre los mensajes que lanzó, uno en el que pedía a los ciudadanos que observasen algún incidente durante la protesta laboral que avisasen a un número de teléfono de la Policía que era más falso que una entrada para ver la final de la Champions entre el Real Madrid y el Barça.
Por fortuna para ella, el perfil trucado fue detectado el mismo día de su creación, sobre las ocho de la tarde, y el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil actuó con eficacia y rapidez. En sólo tres horas, sus agentes habían conseguido que las oficinas centrales de Twitter en EEUU lo desactivara y que todo aquel que lo buscase se encontrase con el mensaje: “Lo sentimos, este usuario se encuentra suspendido”.
Cristina Cifuentes no es, de hecho, la primera ni será la última personalidad pública que sufra un susto en twitter y en otras redes sociales. Ya a comienzos de año un periodista italiano se empeñó en demostrar las ‘ciberdebilidades’ de los ministros españoles y suplantó la personalidad de varios ellos, desde Cristobal Montoro al propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pasando por el de exteriores, José Manuel García-Margallo, a los que hizo ‘autores’ de mensajes que anunciaban la muerte del rey Juan Carlos o la del presidente venezolano Hugo Chavez.
Un delito nuevo, un código penal viejo
Lo cierto es que en los últimos meses han empezado a proliferar este tipo de ataques cibernéticos en las redes sociales contra rostros famosos, según reconocen a este Buscón fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un delito que el Código Penal, tan lento en adaptarse a los nuevos tiempos, ha tenido que incluir en el cajón del artículo 401, el de “usurpación de estado civil”, con penas que van desde los seis meses a los tres años de cárcel.
Más complicado es la captura de estos ‘cibersuplantadores’, porque en muchas ocasiones el afectado reside en España, el delincuente en otro país y los servidores de las redes sociales están en un tercer estado, lo que hace que muchas investigaciones sean una carrera de obstáculos con poco premio si se llega a la meta. “Además, son muchos los afectados que cuando consiguen que se bloqué el perfil que les está haciendo el perjuicio, desisten de denunciar el hecho. Y, sin denuncia, nosotros no podemos investigar”, reconocen fuentes policiales.
Los propios ‘ciberagentes’ admiten que si el margen para perseguir penalmente estas actuaciones es estrecho, también lo es el camino de las medidas preventivas para evitarlos: “Lo mejor es que las personalidades creen cuentas en estas redes sociales con todas las variaciones posibles de su nombre. No es efectivo al 100%, pero puede evitar muchos sustos”, reconocen. Que tome nota la ‘ciberdelegada’ del Gobierno en Madrid.
