Luis Jiménez, un barcelonés de 62 años, se encontró cerrado su gimnasio el pasado 18 de octubre, día de la huelga general independentista en protesta por las condenas a los presos del procés. El hombre, cliente fiel de la cadena de gimnasios DiR desde hacía 22 años, se volvió a casa y protestó por escrito por que el centro hubiera seguido una “huelga política”. Días después, fue expulsado del gimnasio por su “falta del más mínimo sentido democrático”.
El afectado ha presentado una demanda contra DiR por la infracción de varios artículos del código de consumo. En el momento de su baja por expulsión, Luis ya había pagado por adelantado la cuota anual, que vencía el próximo mes de julio. “He tenido que pelear para que me reingresen mis 525 euros”, lamenta el hombre, que ha pasado varios días sin un gimnasio donde ejercitarse y sin el dinero necesario para hacerse socio de un nuevo establecimiento.
"Mala atención al cliente"
En declaraciones a este periódico, el usuario asegura ser víctima de un caso de “mala gestión de atención al cliente de una empresa que va sobrada: cierra sus instalaciones sin aviso, protestas y te echa a la calle con comentarios insultantes y amenazas”.
Un gimnasio “no tiene derecho a realizar una huelga política”, critica Luis Jiménez, expulsado de DiR por un reproche similar a éste.
El ya ex abonado de DiR expresó en su queja que el gimnasio “no tiene derecho a realizar una huelga política”. Luis Jiménez criticó que “una empresa que se pone al lado de los criminales es una empresa criminal”.
El grupo catalán DiR, con 50 gimnasios y más de 70.000 socios en toda España, es propiedad del empresario Ramon Canela i Piqué. Desde DiR, han asegurado que el gimnasio de la barcelonesa calle de Castillejos cerró sus puertas a las 9.30 horas del día de la huelga secesionista “únicamente por motivos de seguridad, ya que manifestantes habían roto previamente todos los cristales del establecimiento vecino”.
Amenazan con acciones legales
La reclamación de Luis no sentó nada bien en el seno de la cadena de gimnasios. La respuesta a la queja del cliente la firmó directamente un responsable del departamento jurídico. Por escrito, le transmitieron que su baja como socio ya había sido tramitada.
DiR respondió al cliente que sus comentarios eran “lamentables” e “impropios de una persona con un mínimo de sentido democrático”
El documento, al que ha tenido acceso este periódico, informa a Jiménez de que DiR se reserva el derecho a emprender “cuantas acciones legales considere oportunas” contra él a causa de unos comentarios que tildan de “lamentables” e “impropios de una persona con un mínimo de sentido democrático”.
El afectado ya ha denunciado ante la Agència Catalana del Consum, dependiente de la Generalitat, que DiR cerró durante la huelga y que lo ha suspendido como socio y amenazado con acciones legales a causa de su reclamación.
"Conflicto político"
Jiménez, nacido en Barcelona, explica que “en la vida” había pasado por una situación como la que le ha planteado el gimnasio que cerró durante el paro independentista.
“Sabía que el dueño de DiR es nacionalista pero, ante una queja, han elegido echarme a la calle por motivos políticos en lugar de pedirme perdón”, critica. “Que te pase algo así en tu tierra no es normal. Y es porque en Cataluña hay un conflicto político”.
Tras el conflicto con DiR, Luis prefiere ver el vaso medio lleno. "Ya he encontrado un gimnasio mejor, más limpio y más barato".
