Ciudadanos y PSC relanzan la ofensiva contra el Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán-, Rafael Ribó, tras su escándalo por el viaje a la final de la Champions League de 2015, pagado por un empresario del 3% y por el que tendrá que declarar el próximo 18 de febrero ante la Audiencia Nacional, y sus polémicas declaraciones sobre la sanidad catalana, al asegurar que los venidos de otras Comunidades Autónomas inflan el gasto público.
Ciudadanos ha iniciado los trámites parlamentarios para cesar a Ribó mediante un escrito a la Mesa del Parlament. La formación liderada por Carlos Carrizosa y Lorena Roldán, portavoz y candidata a la Generalitat, ha constatado un "incumplimiento de deberes inherentes al cargo" tanto por el regalo del empresario Jordi Soler como por sus declaraciones por la caída de la atención en sanidad.
A juicio de Roldán, la Mesa es la única con potestad de "tomar la decisión respecto si inicia el procedimiento" para el cese de Ribó. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado el 18 de febrero a Ribó después de que éste pidiera declarar voluntariamente sobre el viaje que le pagó un empresario para presenciar la final de la Champions que el FC Barcelona jugó en Berlín en 2015.
Roldán ha explicado también que el cese del Síndic requiere de "como mínimo un tercio de los diputados de la cámara o bien tres grupos". Así, espera recabar en "estos días" los apoyos para poner en marcha este mecanismo.
El PSC presenta una propuesta de resolución
En la misma línea, pero a través de una propuesta de resolución, el PSC también ha pedido el cese del Síndic de Greuges. En este sentido, ha pedido al Parlament que tome en consideración la renuncia a su cargo y que su responsabilidad sea ejercida por el su adjunto general hasta que se nombre a su sustituto.
Tras recordar que la función del defensor del pueblo debe defender y proteger los derechos y libertades constitucionales y estatutarias, y supervisar la actividad de las administraciones, organismos, las empresas y las personas, el grupo socialista ha señalado que también "debe velar por que las administraciones garanticen el derecho a una buena administración y el derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios públicos ya los servicios económicos de interés general" y "mantener una actitud de equidad ante los informes que emite, y debe ser reconocido por todo el mundo para la ética de sus actuaciones y actitudes".
Además, han recordado que el mandato de Ribó finalizó en marzo del pasado año y que se mantiene en funciones desde entonces.
