El Tribunal Supremo ha dictaminado, finalmente, que no pueden utilizarse banderas no oficiales en los edificios públicos.
Dice la sentencia que «no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas».
Esta sentencia llega al cabo de muchos años de desbarajuste, durante los cuales cualquier autoridad ha podido colgar estandartes de toda guisa en sus mástiles y sus balcones, para mostrar su solidaridad con esto o su compromiso con aquello. De seguir así, algún concejal acabará anunciando su despedida de soltero con un banderín diseñado para la ocasión.
Que haya sólo banderas oficiales en los edificios oficiales es una cuestión protocolaria tan elemental que no debería causar ninguna polémica, pero el sentido común se ausenta fácilmente en este país y los demagogos cogen al vuelo cualquier oportunidad de mostrar el carácter dictatorial del Estado.
Al dar la noticia, Esquerra Diari se luce con esta frase: «El poder judicial sigue encabezando una cruzada represiva del Régimen del 78 que no cesa».
El presidente Torra, en un tweet, se ha manifestado de acuerdo con el alcalde de Celrà (CUP) en que «ningún tribunal ni ningún estado puede prohibir una bandera de libertad». Ilustra la proclama una foto del edificio del Ayuntamiento de dicho municipio donde figuran izadas la bandera catalana oficial, la bandera con estrella, versión roja, y la bandera del arco iris.
Totalment d’acord. Ni cap tribunal, ni cap estat. https://t.co/DzTdcXIxTF
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 1, 2020
I Carles Puigdemont, en otro tweet, resume su visión histórica del momento: «La “justicia” española sigue haciendo política sin necesidad de presentarse a las elecciones. Todo muy normal en la democracia que han construido desde la sucesión de Franco. Prohibir una expresión simbólica democrática es lo que atenta contra la constitución.»
La "justícia" espanyola continua fent política sense necessitat de presentar-se a les eleccions. Tot molt normal en la democràcia que han construït des de la successió de Franco. Prohibir una expressió simbòlica democràtica és el que atempta contra la constitució. https://t.co/3QBedYCqF3
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) June 1, 2020
El Tribunal Supremo no ha prohibido el uso y disfrute de ninguna bandera, sólo impide que en los lugares oficiales haya otras banderas que las oficiales.
Golpes de estado habidos y por haber
Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, entrevistado por Vilaweb, se suma a los que afirman que ha habido un intento muy fuerte de golpe de estado, aunque todo son hipótesis a partir de suposiciones basadas en indicios: «Aquí ha habido una estrategia prácticamente de golpe de estado (…) un intento de deslegitimar el gobierno y de reventar la situación política en el estado. Y de aquí viene todo esto de la manifestación del 8-M y el intento de criminalización y la colisión de Pérez de los Cobos y la juez Rodríguez Medel, a la velocidad con que se ha hecho, contando con otras connivencias para reventar políticamente la situación y que este gobierno no fuera el gobierno que estuviera en el poder cuando ahora empiece en la UE todo el proceso de reconstrucción, que será a escala continental y parecido al de después de la Segunda Guerra Mundial.»
El móvil sería estar en el gobierno cuando lleguen, si llegan, las ayudas de la Unión Europea; pero, ¿quiénes son los colpistas?: «Hay una coalición, una confluencia de muchas cosas, aparte del PP y de Vox: hay jueces, hay guardias civiles, tal vez incluso empresarios, muchas partes de la iglesia, sectores diversos que confluyen.»
En la misma entrevista, Pérez Royo recuerda que ya habló de golpe de estado cuando en 2007 hubo algún cambio en la composición del Tribunal Constitucional pensando en la sentencia sobre la reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña: «Pues aquello era el golpe de estado, y lo hizo el PP mediante el Tribunal Constitucional, y alteraba los equilibrios del constituyente para la integración de las nacionalidades. Y punto. Y por eso todo tiene una salida tan difícil, porque hubo un golpe de estado. De un golpe de estado, se sabe cómo se entra pero no cómo se sale. Se ha roto el pacto constituyente, la integración de las nacionalidades en España. Ahora, ¿cómo se sale de ahí? No se sabe, y seguimos teniendo este problema.»
Tal vez llamar golpe de estado a maniobras políticas habituales para obtener parcelas de poder o adquirir influencia sea un abuso del término. El de ahora, al parecer, ha fracasado, pero la cosa no acaba aquí: «Hasta que no se haya aprobado el presupuesto del estado y, al menos, no se haya puesto en funcionamiento el procedimiento de la UE para afrontar la crisis, veremos muchas maniobras de desestabilización política para reventar la situación.»
Pérez Royo cree también que no existiría democracia en España sin el concurso de los nacionalistas catalanes y bascos: «El nacionalismo catalán es el que tiene ahora mismo la llave más importante en España. Y Cataluña tiene que hacer política en España, con muchas singularidades, pero tiene que hacerla. No puedes decir que sólo quieres hacer política en Cataluña. También se tiene que hacer en España, y tienes que decidir qué quieres hacer. El problema es que hay gente que no quiere saber nada de España. Como Puigdemont. Pero no puedes no querer saber nada de España. No puede ser.»
Guirigay en la enseñanza
El gobierno catalán decidió retirar el concierto educativo a los once centros escolares del Opus Dei, que segregan por sexo, lo cual, para el consejero de Educación, Josep Bargalló (ERC), «en su mentalidad de bosque, es la pieza mayor a cazar». Eso opina Josep López de Lerma en el Diari de Girona —En Bargalló i el joc de l’oca—, y añade en seguida que el consejero «ignora que su decisión choca frontalmente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y que tiene las de perder». ¿Sería pues otro gesto tan grandilocuente como vano para poder decir luego que el Estado nos merma la autonomía y se alinea con lo más reaccionario del mundo?
La descalificación de Bargalló que comete López de Lerma culmina con «el pollo que nos ha montado ahora mismo con el retorno inmediato a la escuela de niños y niñas sin decir cómo hacerlo, sin saber la amplitud y capacidad de las escuelas, bajo la desobediencia de los maestros, contando con la oposición unánime de los sindicatos y con un porcentaje indeterminado de alumnos, desconociendo los profesores y los alumnos si tienen que llevar mascarilla, sin abrir las puertas en toda Cataluña y además manteniendo la versión telemática del curso. Un guirigay de mil demonios que pone en evidencia que no es el más capaz de los militantes de ERC.»
Pero para ayudarle a mantener el guirigay está el presidente Torra, quien hoy mismo, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ha asegurado que están estudiando «contratar a miles de profesores para que el próximo curso escolar se pueda iniciar con todos los alumnos y con todas las medidas de seguridad» necesarias.
Es más, ha dicho que, si en plena emergencia sanitaria hubo que «triplicar las UCI», en el curso 2020-2021 habrá que «triplicar las aulas» —sin darse cuenta de la grima que da el paralelismo—. En definitiva, un «esfuerzo de país monumental» para contratar personal y encontrar nuevos espacios, como «centros cívicos o bibliotecas», que puedan utilizarse como aulas. Y todo ello en los tres meses que faltan para el 14 de setiembre que es cuando ha de empezar el curso.
Cabe preguntarse cuántos centros cívicos o bibliotecas son tan inútiles o están tan infrautilizados que pueden reconvertirse sin más en escuelas. Y también cuantos miles de profesores hay ahora mismo sin trabajo y susceptibles de ser contratados. ¿O será como en las escuelas rurales de antaño, donde los alumnos de más edad enseñaban a los más pequeños?
