La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el exconcejal de CiU en Barcelona Antoni Vives, el exdirector general de Barcelona Regional Guillermo Muller y el exalcalde de Cervelló (Barcelona) Jesús Arévalo por cometer presuntamente delitos de falsedad documental, concurso de prevaricación y malversación de caudales.
Vives, investigado también en la trama del 3%, está acusado de contratar ilegalmente en Barcelona Regional a un exalcalde convergente, que en cuatro años se embolsó presuntamente 155.067 euros sin desempeñar ningún trabajo en la empresa municipal.
El cantante de los Sírex, demandado por el Ayuntamiento
Inicialmente, la Fiscalía se querelló también contra Antoni Miquel, "Leslie", cantante de Los Sírex y también militante de CDC, por haber estado contratado por Barcelona Regional sin haber desempeñado trabajos para la entidad municipal.
Sin embargo, el ministerio público ha decidido finalmente no acusar a Miquel -contra el que sí ejerce cargos el Ayuntamiento de Barcelona, acusación particular en la causa-, a la vista de la documentación que su defensa aportó para acreditar que sí había trabajado para Barcelona Regional, según fuentes jurídicas recogidas por Efe.
Contratos ficticios
La Fiscalía sostiene que Vives se puso de acuerdo con Muller para contratar "ficticiamente" a Arévalo entre los años 2012 y 2015, después de que este se lo solicitara a su partido para "completar su remuneración anual" tras ser elegido alcalde.
Según mantiene el escrito de la Fiscalía, recogido por Efe, el caso se remonta al año 2011, cuando Jesús Arévalo fue elegido alcalde de Cervelló, con una retribución anual de 47.275 euros, y Vives fue nombrado concejal de Urbanismo y presidente del consejo de administración de Barcelona Regional durante el mandato de Xavier Trias.
El alcalde, funcionario de carrera, pidió a su partido ser contratado por la administración "para así completar su remuneración anual", dado que en su anterior cargo de arquitecto en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat su salario era superior al que percibía en el consistorio de Cervelló.
"Consciente y grosera infracción"
"De común acuerdo con su amigo" Guillermo Muller, Vives decidió contratar a Arévalo, con "consciente y grosera infracción del deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico y con evidente perjuicio económico para los intereses públicos", añade la Fiscalía.
De esa forma, el alcalde firmó un contrato desde el día 9 de enero de 2012 hasta fin de obra, para realizar funciones de "asistencia técnica al proyecto modelo urbano y metropolitano de dispersión de contaminantes", con una jornada laboral a tiempo completo de 40 horas semanales y un salario de 34.000 euros brutos anuales.
Arévalo, añade la Fiscalía, figuró como trabajador de Barcelona Regional hasta el 31 de mayo de 2015, una vez Ada Colau fue elegida alcaldesa de la capital catalana, pero no consta que participara en el proyecto indicado "ni en ningún otro ejecutado por la entidad", ni que dispusiera de despacho propio o acudiera a las oficinas de Barcelona Regional.
"Los tres acusados se concertaron para simular el contrato y darle apariencia de legalidad al objeto de obtener un ilícito enriquecimiento a cargo de los caudales públicos y en favor de Jesús Arévalo", sostiene el ministerio público.
Devolución de cantidad y multa
Por ese motivo, el escrito de acusación pide que se condene a los tres acusados a indemnizar, conjunta y solidariamente, a Barcelona Regional con 155.067 euros en total, la cantidad que Arévalo cobró supuestamente de las arcas públicas entre los años 2012 y 2015, y a una multa de 60.000 euros.
