El Liberal - Política

La justicia abre la puerta penal a Torra por la pancarta fuera del período electoral

El presidente de la Generalitat tendrá que abonar 400 euros por las costas a Impulso Ciudadano. La justicia catalana considera que se retiró la pancarta tarde

  • Quim Torra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Nuevo revés para Quim Torra. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abre la puerta penal al president de la Generalitat por la pancarta en septiembre. Para la Justicia, se retiró la pancarta tarde y no se guardó el deber de la neutralidad política.

En un auto, que cuenta con el voto particular no discrepante, el TSJC acuerda deducir testimonio contra Torra ante la sala penal del tribunal por no haber retirado la pancarta en el plazo de 48 horas tras un recurso de Impulso Ciudadano.

Si se abre finalmente esta vía, el máximo mandatario de la Generalitat se enfrentaría a un nuevo juicio por la propaganda independentista en las instituciones públicas, el mismo motivo por el que este lunes ha sido juzgado. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha dado cuenta del caso a la Sala Civil y Penal ya que ve posible una "relevancia penal", por lo que han rechazado el recurso de la Generalitat.

Torra fue requerido para sacar la pancarta un día antes de la Mercé, el 23 de septiembre, pero se mantuvo durante los días posteriores, una vez acabado el plazo. Fueron los Mossos quienes retiraron la pancarta al inicio de la tarde, mientras que pocas horas después Torra colgó otro pasquín con el lema 'Libertad de opinión y expresión'.

Impulso Ciudadano pide la dimisión de Torra

Bajo el principio del deber de salvaguardar la neutralidad política en las instituciones, Impulso Ciudadano pidió la retirada de la pancarta, al tiempo que los jueces le han espetado a Torra que tiene derecho a expresar su libertad de opinión en todos los foros e incluso el Parlament, pero no en los edificios públicos.

Impulso Ciudadano ha criticado que Torra "haya adoptado como fórmula de gobierno la desobediencia a las instituciones y a los tribunales, actitud impropia de un gobernante democrático" y ha pedido su dimisión también por el "comportamiento hostil hacia los catalanes constitucionalistas, hispanofóbico, contemporizador con la violencia política y contrario a la separación de poderes le inhabilita para ello".

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