Las negociaciones entre PSOE y ERC transcurren con la máxima opacidad. Sin embargo, lo que está generando mayores tensiones en el seno de los socialistas son los asuntos políticos que se están abordando.
Una vez encauzada la cuestión penitenciaria, con la concesión por parte de las juntas penitenciarias del segundo grado a los políticos independentistas presos, los interlocutores del PSOE tienen otros objetivos. Su objeto de deseo se centra en recuperar el Consejo de Justicia de Cataluña previsto en el Estatut -declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional- y la transferencia de la titularidad de los puertos de Barcelona y Tarragona y los aeropuertos de Barcelona y Girona.
Traspaso de Rodalies
Desde el Govern son conscientes de que es cuestión de tiempo que Junqueras y el resto de encarcelados accedan al régimen intermedio entre el segundo y el tercero, que escaparía al control del Tribunal Supremo, ya que sería de aplicación inmediata y sólo recurrible ante el juez de Vigilancia Penitenciaria y la Audiencia Provincial de Barcelona. Esto hace que empiecen a focalizarse en los asuntos mencionados.
Otra cuestión que está sobre la mesa es la renegociación del traspaso de Rodalies. Por contra, según las fuentes consultadas, otras reivindicaciones recurrentes del nacionalismo catalán, como que la Agencia Tributaria Catalana recaudará los impuestos estatales, no se ha incluido en las negociaciones.
La recuperación del Consejo de Justicia de Cataluña y la limitación de las competencias del Tribunal Supremo, en línea con las previsiones declaradas inconstitucionales por el TC en su sentencia de 2010, estarían sobre la mesa con la fórmula de que fueran aprobadas por una futura Ley Orgánica del Poder de forma compatible con el principio de unidad del art.117.5 de la Constitución Española. Con ello el nacionalismo conseguiría uno de sus objetivos más queridos: doblegar al único poder del estado al que no han podido condicionar, aunque las presiones a jueces y fiscales residentes en Cataluña ha sido constantes como han denunciado las asociaciones de magistrados. Los socialistas, como ya se decía en la Declaración de Granada, no ven con malos ojos esta posible descentralización del órgano de gobierno de los jueces con competencias delegadas. El tema más espinoso es el nombramiento de jueces pues la existencia de un cuerpo único de magistrados parece intocable de acuerdo con la propia sentencia del Estatut.
Competencias en grandes infraestructuras
En materia de grandes infraestructuras, puertos, aeropuertos y ferroviarias, se barajan diversas fórmulas, reclamando los independentistas no sólo la gestión sino también la titularidad de los bienes como fórmula para compensar un supuesto déficit inversor del estado. Probablemente el mayor obstáculo estaría en la cesión del aeropuerto de Barcelona, presumiblemente a través de una empresa con participación de la Generalitat, por el impacto que, según la fórmula elegida, podría tener en las cuentas de AENA y su cotización bursátil. La posibilidad del traspaso ha sido puesta de manifiesto por un expresidente del puerto de Barcelona, Joaquim Coello, que intermedió entre Puigdemont y Rajoy en 2017, que en declaraciones a Catalunya Radio ha dicho que el Gobierno estaría valorando la cesión de la titularidad de puertos y aeropuertos de forma seria.
En cualquier caso tanto el PSC como el Gobierno español parece no descartar encontrar fórmulas que acerquen posiciones en estos temas, menos sensibles que las reivindicaciones de una consulta o el derechos de autodeterminación, con los independentistas, al menos ERC, de cara a garantizar su voto en la investidura y garantizar cierta estabilidad en la legislatura, amén de abrir la puerta a un Tripartito en Cataluña tras las próximas elecciones autonómicas, todavía sin fecha de celebración.
