Quim Torra continúa alimentando el procés incorporando como trabajadores eventuales a imputados en el caso del 1-O. Manuel Manonelles, investigado en julio de 2019 por su participación en los preparativos del referéndum ilegal, es el último en esta lista.
Manonelles fue el delegado del Govern en Suiza y estaría vinculado con la contratación de observadores del 1-O. En julio del pasado año, el juez requirió documentación sobre este asunto tanto al político como a la Generalitat. Su sueldo rondará los 125.000 euros ya que además de cobrar como un funcionario del máximo grado percibirá un complemento de 42.232 euros por su dedicación especial en su nuevo puesto como asesor directo Meritxell Budó, consejera de Presidencia.
Dar apoyo, asistencia y asesoramiento directo a la también portavoz de la Generalitat, preparar actos públicos, reuniones y viajes oficiales son algunas de la funciones inherentes en el cargo. Deberá también identificar "mediante múltiples fuentes" los acontecimientos y las actuaciones principales sobre el ámbito de actuación de la Consejería. También debe preparar información, con datos, para las actividades del departamento y actuar como interlocutor "con los diversos agentes, públicos y privados" cuando se le requiera, así como cualquier otra función de naturaleza análoga que le sea encomendada.
"Es un escándalo que Manuel Manonelles haya sido recolocado como asesor de Presidencia", ha declarado Susana Beltrán. La diputada de Ciudadanos ha denunciado que el imputado por el 1-O ha continuado con el mismo modus operandi opaco del Departamento de Alfred Bosch (Asuntos Exteriores) al ocultar al Parlament su agenda y actividad al frente de una Delegación que, "para colmo, forma parte de ese mismo Departamento de Transparencia". La formación no va a "tolerar" que estos altos cargos que cobran un cuantioso sueldo a cargo de todos los contribuyentes no rindan cuentas sobre su trabajo en el Parlament de Cataluña.
Saldoni, Molons, Montané, Jové... se suman a la lista
No es el único fichaje realizado por el Govern de Torra en las últimas semanas. A mediados de diciembre se produjeron cambios en la cúpula de Consejería de Territorio. Pere Padrosa i Pierre fue cesado como director general de Transportes y Movilidad y en sustitución se ha colocado a David Saldoni, concejal y exalcalde de Sallent, imputado en el caso Arconte, donde se investiga el desvío de fondos públicos al procés.
Entre los investigados en este mismo caso se encuentran el jefe de Gabinete del consejero de Interior, Josep Montané Bombardó, quien a su vez fue el responsable de comunicación de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Miquel Buch, consejero de Interior, presidió esta entidad.
Otro de los nombramientos más polémicos tras el fin del 155 fue el de Antoni Molons, secretario de Comunicación del Govern y Medios de Comunicación. Está investigado por el juzgado de instrucción números 13 de Barcelona por su presunta vinculación con campañas institucionales del referéndum del 1-O. Molons fue secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat en la última etapa de Puigdemont, cargo del que fue cesado con la intervención de Cataluña.
ERC, por su parte, incluyó en la negociación de la investidura a Josep Maria Jové, imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su vinculación en la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Cataluña por la vía unilateral, contra las sentencias y mandatos del Tribunal Constitucional y con la asistencia al referéndum convocado por el Govern".
Entre esos indicios, el Tribunal apunta a la posible participación de Jové en el "comité ejecutivo del entramado" creado por el Govern "y otros actores", desde 2015, para conseguir la independencia de Cataluña "tras la realización de un referéndum de autodeterminación y prescindiendo de las leyes y de los mandatos del Tribunal Constitucional", según recoge Vozpópuli.
Dinero para Òmnium y los espías en colegios catalanes
Estos son solo algunos de los ejemplos del apoyo de Torra al procés. En los mismos Presupuestos presentados en el Parlament hay una partida de 525.000 euros a Òmnium Cultural y otros 135.000 para Plataforma per la Llengua pese al caso de los 'espías' en los colegios catalanes.
Así lo ha expuesto el diputado 'popular' Santi Rodríguez en la Cámara catalana durante el pleno de este jueves, que ha considerado que Òmnium utiliza el dinero para campañas políticas, mientras que la Plataforma per la Llengua hace de "policía lingüística en las escuelas".
El Govern prosigue con sus estructuras de Estado " sobre dimensionando la agencia tributaria",y dedicando 18 millones de euros a las delegaciones en el exterior de la Generalitat, más dinero que en políticas de familia y mujeres.
