En nuestro país, el 70% de los contratos firmados supera el plazo de pago máximo a 60 días que establece la Ley de la Morosidad. El impago es el responsable directo o indirecto de la pérdida de puestos de trabajo y del cierre, en última instancia, de una de cada tres empresas españolas. Es decir, el cese de la actividad de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el comienzo de la crisis.
A partir de los últimos datos de los balances del sector no financiero del IBEX 35 y el resto del mercado continuo, publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) critica que las empresas cotizadas pagaron a sus proveedores en plazos superiores a los permitidos por el apartado 3 del Artículo 4 de Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en virtud de la reforma introducida por la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad. “Para que te hagas una idea, el 99% de las sociedades poseen alguna factura pendiente de cobro”, lamenta Antoni Cañete, presidente de la PMcM y secretario general de PIMEC, patronal que representa a las pequeñas y medianas empresas y autónomos catalanes.
El impago es el responsable directo o indirecto de la pérdida de puestos de trabajo y del cierre, en última instancia, de una de cada tres empresas españolas
Retraso en los pagos
El plazo medio de pago del sector privado fue de 81 días durante el año 2018, empeorando respecto de los datos de los últimos ejercicios. Un 59% de multinacionales y grandes empresas no paga o lo hace demasiado tarde a sus proveedores y solo un 19% abonan sus facturas dentro del plazo legal. Las sociedades que cotizan en el IBEX se llevan la palma y suelen pagar, de media, a 169 días, triplicando el límite legal estipulado. Los principales perjudicados siguen siendo proveedores y autónomos. “El pago es necesario para hacer frente a los gastos producidos durante ese periodo. Nosotros lo vemos como un activo circulante. Si se retrasan los pagos, se contamina un 5% ese oxígeno necesario para funcionar mejor. Los impagos a proveedores ejercen un gran impacto económico y también directo en la sociedad, provocando el cierre de sociedades y la pérdida de puestos de trabajo”, añade Cañete. En cuanto al sector público, el plazo medio de pago se sitúa en 68 días, un alejamiento aún mayor de los 30 días que establece la ley, según la Plataforma.
Por sectores de actividad, comercio y servicios experimenta una mayor demora en la liquidación de sus facturas, con plazos medios de pago de 339 días a finales del año 2018. A continuación, se sitúan construcción e inmobiliario, con 267 días; industria con 165 y energía con 92 días de media. En contraste, las empresas que soportan estos retrasos o impagos suelen abonar sus facturas en el plazo legal estipulado. Las empresas no financieras del IBEX pagan, de media, a 57 días.
Casi 60.500 millones de euros pendientes de cobro
Los balances de la CNMV demuestran que las empresas del selectivo -aquellas no financieras que cotizan en el IBEX y el mercado continuo- tenían un montante de facturas pendientes de liquidación por encima de los 60 días legales de 60.409 millones de euros a finales del año 2018. Para el presidente de la PMcM, algunas de estas grandes compañías, con facturaciones por encima de los 50 millones de euros, se financian, en cierta manera, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos, vulnerando la ley a través del uso de su posición de dominio. “Esto provoca que las pymes y autónomos pasen por una situación de desigualdad e inferioridad y, al mismo tiempo, que sean menos viables y competitivas que las empresas de los países de nuestro entorno”, lamenta.
Para acabarlo de arreglar, el Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2018 de la Plataforma, a partir de más de 700 encuestas entre sus organizaciones asociadas y ajenas, deja claro que el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago; el 86% nunca o casi nunca exigieron intereses de demora y al 63% se les impusieron plazos de pago superiores a los permitidos por ley. El miedo a perder el cliente y, también, al sistema de reclamación en sí mismo, condicionarían que los proveedores afectados no reclamasen esas indemnizaciones a las que tienen derecho. Asimismo, y tras nueve años de su entrada en vigor, el 34% de las empresas encuestadas desconoce la legislación existente.
A la espera de la entrada en vigor del Régimen Sancionador
A principios del pasado mes de noviembre, la entonces ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, prometió que se aplicaría el régimen sancionador para las empresas públicas y privadas que retrasen sus pagos a proveedores, tan pronto se conformase el nuevo Ejecutivo. En este sentido, se debería dar continuidad en el Congreso al trámite de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, que aprobó el Pleno de la Cámara por unanimidad hace más de dos años y que se quedó en el cajón tras disolverse la cámara y convocarse Elecciones Generales. La normativa incluye medidas como promoción de códigos de buenas prácticas e implantación de un sistema arbitral de morosidad y un régimen sancionador, que multará a las empresas morosas. Las sanciones podrían superar los 800.000 euros en España. Desde la Plataforma urgen a que se dé luz verde a esta normativa en un momento en el que podrían empeorar los plazos de pago y agravar problemas de flujo de caja a proveedores, dado el contexto de desaceleración económica que afecta al país.
