La crisis sanitaria causada por la epidemia de Covid-19, la declaración de Estado de alarma y, en consecuencia, la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, han supuesto la toma de decisiones extraordinarias que afectan de manera excepcional a la actividad económica. Un gran número de comercios no esenciales y empresas se han visto obligados a bajar la persiana, de manera temporal, con el propósito de intervenir también el sector industrial de todo el país. “Pymes y autónomos se van a ver inmersos en una crisis de liquidez de dimensiones desconocidas, por lo que, si el Gobierno central no reacciona de manera urgente, muchas de ellas no podrán sobrevivir”, advierte el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete.
Inyección superior a los 7.000 millones
A la espera de la aprobación de medidas económicas por parte del Ejecutivo, la PMcM le insta a que asegure el mantenimiento de la cadena de pagos acometiendo determinadas acciones, que generarán liquidez, pero no deuda al Estado, en opinión del presidente de la entidad. “Todas las Administraciones Públicas deben hacer frente a sus pagos a proveedores y suministradores dentro del plazo legal de pago y cancelar -antes de final de este mes de marzo- más de 7.300 millones pendientes de pago en periodo excedido a 31 de diciembre del año 2019”. Una medida que no implica la aportación de recursos extraordinarios, solo supone el cumplimiento de la legislación vigente en materia de pagos por parte de los organismos públicos.
Durante la crisis del año 2010, las Administraciones Públicas pagaban por encima de los 150 días de media, retraso que supuso un estrangulamiento de la actividad de pymes y autónomos, que únicamente se solucionó con la implantación del Plan de Pago a Proveedores a partir del año 2012, tal y como recuerdan desde la Plataforma. “En ese periodo, cientos de miles de pymes y autónomos, en un proceso en cadena, se vieron abocados al cierre, con el consecuente impacto sobre la actividad económica y el empleo” añade Cañete.
Recientemente, se ha constatado que los entes públicos han empeorado sus plazos de pago, a lo largo del año pasado. El estudio Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2019 pone de manifiesto que el plazo medio de pago del sector público aumentó en 2 días (un 3%), al pasar de 68 a 70 días. Este incremento lo aleja, todavía más, de los 30 días que establece la ley.
Anticipar la devolución del IVA
La PMcM también insiste en que se acometan, con urgencia, medidas como anticipar la devolución del IVA a las pymes y autónomos que lo hubieran solicitado a cierre del pasado ejercicio; implantar un sistema que permita la compensación de créditos fiscales, como ya hacen otros países vecinos y habilitar, por parte del Instituto de Crédito Oficial, una línea especial de crédito para pymes y autónomos que les permita dar respuesta a sus pagos pendientes.
