Dentro de unos márgenes de tolerancia más o menos amistosos, el Gobierno español tiene que cumplir la disciplina presupuestaria marcada por Bruselas (la Comisión Europea). Por algo se modificó el artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011. Esto es natural pues nuestra moneda es el euro, nuestro Banco emisor es el BCE, y nuestra deuda a 30 de septiembre de 2019 es de 1,21 billones de euros = 99% del PIB. Pocas bromas con esta cifra. Sostener esa inmensa montaña de cuentas a pagar exige vigilar el déficit con lupa, yendo con mucho cuidado y de la mano de Bruselas. Y sin pasarse de listos (como Grecia). Si no queremos cumplir estas cosas terminaremos intervenidos y será mucho peor.
España las ha pasado canutas en los 10 años que van del 2008 al 2017. Hemos estado sometidos al Procedimiento por Déficit Excesivo que es un sistema de vigilancia especial por Bruselas. Eso ha sido así hasta que hemos conseguido un déficit inferior al 3% del PIB: por fin, en 2018 ha sido el 2,5%, que, pese a todo, es el peor de la zona euro (junto con Francia). Hemos salido de la UCI pero no nos han dado de alta; nos han bajado a planta. Menos mal que no estamos solos; tenemos buenos compañeros como Francia e Italia, con los que tendríamos que compartir terapias de recuperación.
En esta delicadísima situación, el Gobierno de Sánchez intenta la cuadratura del círculo. Impulsado por su única obsesión, que es ganar las elecciones, sólo sabe aumentar el gasto público y no se le ocurre nada positivo para mejorar los ingresos o, lo que es más importante, impulsar la actividad económica. Pero quiere quedar bien ante Bruselas y se presenta como un alumno obediente, presenta excusas, hace promesas... No le creen.
En esta línea, el pasado 15 de octubre el Gobierno envió a Bruselas su Plan Presupuestario para 2020. Y empezó presentando excusas. Que ha sido imposible formar Gobierno tras las elecciones del 28A, que es un Gobierno en funciones que no puede hacer casi nada, que no ha conseguido aprobar los Presupuestos de 2019 y 2020 (es increíble pero seguimos con los Presupuestos de Rajoy del 2018, prorrogados), que no ha podido aumentar el IRPF (aquél varapalo a las rentas altas) ni implementar las glamurosas nuevas figuras tributarias (Tasa Google, Impuesto sobre Transacciones Financieras), que ha estado atado de manos en los ingresos. Por eso, el Plan contempla un escenario inercial, es decir, sin meter nuevos impuestos. Todo tendría mejor pinta si hubiera entrado en vigor aquella reforma fiscal.
Sin embargo, esa parálisis por el lado de los ingresos no ha ido acompañada con una parálisis por el lado de los gastos. En esta zona sí que ha sido activo el Gobierno, haciendo famosos sus "viernes sociales". Ha revalorizado las pensiones, ha destinado fondos a mejorar la protección social (parados mayores de 52 años) y a la igualdad de género (prestación de paternidad), ha creado mucho empleo público...
En el Plan enviado a Bruselas el Gobierno estima lo siguiente:
- Crecimiento del PIB: se asume que el PIB español crecerá por encima de la media europea. Descontando la inflación prevista, se prevé que el PIB del 2019 crecerá un 2,1% y el de 2020 un 1,8%. En euros corrientes el PIB del 2019 será 1,248 billones y el del 2020 será 1,294 billones. Es una previsión muy optimista que tropieza con el escenario de ralentización económica general, la incertidumbre internacional (Brexit) y las tensiones del comercio mundial (USA - China - UE). Dudo que en este año 2019 alcancemos un crecimiento del 2,1%, a la vista de los malos datos del tercer trimestre (frenazo empleo EPA).
- Ingresos: en 2019 se prevén unos ingresos del 39,3% del PIB, que equivale a 490.000 millones. Son 20.000 millones más que en 2018. En 2020 se prevén unos ingresos del 39,6% del PIB, 512.000 millones. Son 22.000 millones más que en 2019. Estas subidas se basan en la esperada mejora de la actividad económica, en la entrada en vigor en 2020 de los nuevos impuestos que el Gobierno tiene en mente (Tasa Google, Impuesto sobre Transacciones Financieras, Impuesto a las Grandes Fortunas, algún impuesto medioambiental para quedar bien...) y en un endurecimiento de impuestos existentes (IRPF para las rentas más altas, Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas, armonización del impuesto de Sucesiones...). Está por ver lo que mejora la recaudación con estos inventos.
- Gastos: en 2019 se prevén unos gastos del 41,3%, que corresponde a 516.000 millones. Son 15.000 millones más que en 2018. En 2020 se prevén unos gastos del 41,3% del PIB, 535.000 millones. Son 19.000 millones más que en 2019. Como siempre, el aumento de gastos es seguro mientras que el aumento de ingresos tiene bastante de ilusorio. El Gobierno actúa como el padre que matricula a su hijo en una universidad privada confiando en un aumento de sueldo.
- De este modo el déficit de 2019 será el 2% del PIB, 25.000 millones. En 2020 será el 1,7% del PIB, 22.000 millones. La montaña de la deuda pública sigue aumentando.
En la previsión del déficit el Gobierno (todos los Gobiernos) siempre ha ido renqueando; el paso del tiempo siempre muestra sus promesas incumplidas:
- Julio del 2017 el Gobierno de Rajoy estimó un déficit del 1,3% en 2019 y del 0,5% en 2020.
- Julio de 2018 el Gobierno de Sánchez estimó un 1,8% en 2019 y un 1,1% en 2020.
- Abril de 2019 el propio Sánchez mutó al 2% en 2019, manteniendo el 1,1% en 2020.
- Octubre de 2019 Sánchez muta de nuevo: 2% en 2019, 1,7% en 2020.
Es una permanente huída hacia delante. No transmitimos seriedad. El Gobierno promete además que en 2022 el déficit será cero. Visto nuestro comportamiento, esto no se lo cree nadie. Dudo que se cumpla el 2% de déficit en este año 2019.
Bruselas no ha recibido con buena cara el Plan enviado por el Gobierno. El 22 de octubre ha remitido sus observaciones y, aunque espera el Plan definitivo del 2020 una vez que haya nuevo Gobierno tras el 10N, manifiesta fuertes reticencias. Bruselas desconfía de las estimaciones de ingresos y gastos que hace el
Gobierno. Y entiende que el esfuerzo de reducción del déficit es muy inferior al necesario. En concreto:
- Bruselas estima que el incremento nominal de la tasa de gasto primario planteada por el Gobierno es de un 3,6%, cuatro veces superior a la permitida (0,9%).
- El ajuste que se necesita practicar en las cuentas de 2020 (vía aumento de ingresos y reducción de gastos) es de 7.800 millones de euros. El Gobierno sólo ajusta 1.200 millones. Faltan 6.600 millones.
En consecuencia, Bruselas entiende que hay un riesgo significativo de incumplimiento del objetivo de déficit público, así como de reducción de la deuda. Mal asunto.
Como dice la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal = auditor de las cuentas públicas impuesto por Bruselas), en los últimos 5 años, el Gobierno (Rajoy + Sánchez) ha desaprovechado la oportunidad de sanear en serio las cuentas. En efecto, con un buen crecimiento del PIB, buena creación de empleo, bajos tipos de interés... podría haberse hecho mucho más para reducir el déficit. Pero su esfuerzo en esta dirección ha sido prácticamente nulo. (Es desolador constatar esto).
Entre otras cosas, suponemos que Bruselas no ve con buenos ojos la generosidad electoralista desarrollada por
Sánchez desde su entrada en el Gobierno. Especialmente llamativa resulta:
- La política de retribuciones de los empleados públicos (estatales, autonómicos y locales). Esto no es cosa de Sánchez. El 9 de marzo de 2018, el Gobierno de Rajoy, animado por un optimismo electoralista fuera de lugar, sacó pecho y firmó un importante Acuerdo con los sindicatos de la Función Pública. Visto que la situación estaba mejorando bastante, había llegado la hora de revertir los recortes de 2010-2012 y congraciarse con los sufridos funcionarios. De este modo, se aprobó una subida salarial de entre un 2% y un 3% para cada uno de los años 2018, 2019 y 2020. Esta es una subida muy superior a la inflación (que fue del 1,1% en 2018; y del 0,1% interanual en octubre de 2019). Supone un incremento de gasto de entre 3.000 - 4.000 millones para cada uno de esos 3 años. Buena cifra.
- La oferta de empleo público: desarrollando las pautas de aquél Acuerdo, Sánchez ha incrementado la oferta de empleo público para 2019 en 33.000 plazas. Es la mayor registrada en los últimos 11 años. Como si ya estuviéramos nadando en la abundancia.
- La subida de las pensiones: una subida del 1,7% en 2019 (frente a una inflación del 0,1% interanual en octubre de 2019) y una subida del 0,9% en 2020 (ya veremos el IPC). Esto supone un incremento de gasto de 3.100 millones en 2019 y 1.400 millones en 2020.
Es duro decirlo, pero hay una alegría excesiva en estas decisiones. ¿Habrá alguna vez un Gobierno que deje de pensar en puros términos electorales y deje de huir hacia adelante?
