La Confederació Empresarial del Tercer Sector de Cataluña ha presentado un plan de choque con 12 medidas para su reactivación económica y garantizar la sostenibilidad de las entidades sociales y la continuidad de la atención a las personas, especialmente las más vulnerables, ante una previsión de incremento tras la pandemia del coronavirus.
En un comunicado, ha explicado que ha presentado este plan al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a las entidades municipalistas y a todos los grupos del arco parlamentario, y ha apelado al "compromiso de todas las partes".
El plan de choque propone activar "inmediatamente" líneas de ayudas directas y específicas para compensar el esfuerzo de las entidades sociales; publicar instrucciones de flexibilización de bases para las convocatorias de subvenciones, y facilitar la liquidez de las entidades a través del pago inmediato de facturas pendientes.
Reducir los plazos de pago
También demanda garantizar el pago del 100% de las plazas privadas y recursos residenciales que por las medidas preventivas no se pueden cubrir; reducir el plazo de pago de facturas de servicios públicos a 30 días como establece la normativa contra la morosidad, y apelar a los órganos de contratación a no suspender los contratos de servicios de atención a las personas.
Solicita dictar medidas complementarias en materia de contratación pública para que las indemnizaciones por suspensión de contratos incluyan todos los costes; incrementar la dotación económica dirigida a servicios sociales y atención a las personas en los Presupuestos 2020; ejecutar un incremento lineal del 9% de tarifas y módulos de los servicios públicos de la cartera de servicios sociales así como de los presupuestos vinculados a los servicios de atención a las personas.
Finalmente, el plan de choque también reclama aprobar antes de fin de año un proyecto de ley de acción concertada para la presentación de servicios de carácter social; crear un frente común entre tercer sector y Govern para reclamar al Estado que "blinde" los servicios básicos de atención a las personas de los recortes que pueda haber, y un órgano de coordinación entre la Generalitat, entidades sociales y municipalistas para desplegar este plan de reactivación económica del sector.
