"Los perjuicios de la movilización son claramente inferiores a los causados por la falta de inversión en infraestructuras". Así ha justificado la Cámara de Comercio de Barcelona, formada por grandes empresas de la economía española, las acciones de sabotaje de los CDR durante los últimos días. 

La declaración se produce horas después de que 'Tsunami Democràtic' haya cortado La Junquera, el Pertús, el paso fronterizo con Irún y Perpiñán, así como cortar las principales arterias de Barcelona, la C-17 en Vic, y otros puntos de la AP-7 en Tarragona, como en L'Ampolla. Todo con la intención de provocar un "diálogo" entre Pedro Sánchez y la Generalitat de Quim Torra, a quien todavía no cogen el teléfono.

La institución presidida por Joan Canadell ha pedido al Gobierno en funciones "concreción y una apuesta clara por el diálogo", la misma premisa de los violentos CDR, cuyo objetivo es perjudicar la economía catalana, y por tanto, al conjunto de España hasta que no fructifiquen sus reivindicaciones. El objetivo de la Cámara de Barcelona: "Restablecer la estabilidad económica" con el diálogo.

La Cámara ha mostrado "su preocupación, así como su apoyo y solidaridad a todas las empresas y autónomos (en especial, los empresarios del transporte y sus trabajadores) que se han visto afectados por la movilización del Tsunami Democràtic", sin pedir ni una sola medida para que no se produzcan nuevos cortes de carreteras, tal y como tienen previsto realizar los próximos días los CDR.

Pese a que las pérdidas rondan los 30 millones de euros a los transportistas, la Cámara de Barcelona ha afirmado que este "perjuicio es claramente inferiores a los causados por la falta de inversión en infraestructuras por parte del Estado español".

Las medidas propuestas: Diálogo para poner fin a la protesta

También ha exigido que se reconozca el "conflicto" al pedir una solución política al mismo, y una vez alcanzada se permita "la vuelta a la estabilidad económica para las empresas".

"Los cortes a infraestructuras provocan y provocarán graves perjuicios económicos, tanto en Cataluña como en España y en Europa, dado su carácter de vías de comunicación estratégicas", ha señalado la Cámara de Barcelona, evitando pedir que se restablezca la normalidad. 

"Estos perjuicios serán claramente inferiores a los causados por la falta de inversión del Estado en otras infraestructuras de nuestro país, como el desdoblamiento que aún se encuentra pendiente de la N-II (una de las vías más transitadas del Estado para transporte pesado), un retraso crónico de más de 15 años en la ejecución del corredor mediterráneo o de la variante de Vallirana en la N340, entre otros", ha justificado la institución con los independentistas al frente, que ha afirmado que las protestas son un derecho "legítimo".

También ha criticado la sentencia del Tribunal Supremo, "una resolución que no sólo afecta al acusados, sino también, de forma muy intensa, al conjunto de la sociedad, empresarios incluidos".

Como medidas para el fomento y la defensa de los intereses de los empresarios, ha hecho un llamamiento al Gobierno en funciones del Estado "para que apueste decididamente por el diálogo entre instituciones, con el objetivo de negociar una solución política al conflicto" y "avanzar hacia el desarrollo del máximo potencial de la economía".