Al menos dos detenidos se han registrado en el desalojo de Plaza Universidad. Hasta ahora el Ayuntamiento de Barcelona, tras 22 días de acampada ilegal, descargaba su responsabilidad en los Mossos d'Esquadra. "Los Mossos son los únicos con competencia para asegurar el orden público", afirmaba el Ayuntamiento a una petición de auxilio de los comerciantes de la zona.
Esta madrugada han sido desalojado apenas unas decenas de personas, la mayoría sin techo y okupas, según han señalado fuentes policiales a El Liberal.cat. El dispositivo se ha iniciado sobre la 1:00 horas de este jueves con efectivos de los antidisturbios de la Guardia Urbana, un cuerpo que el Ayuntamiento de Colau y Collboni han mantenido oculto durante el mes de protestas violentas, cortes salvajes de calles y asaltos a comercios. Desde el Consistorio se descargaba toda responsabilidad de seguridad en la Brimo.
"Hasta ahora Ada Colau había asegurado que este cuerpo policial había sido desmantelado y por tanto no existe", según han señalado desde el sindicato CSIF a El Liberal.cat. Con este operativo, Colau ha admitido así que la operación de esta madrugada respondía a una "decisión política", han criticado desde el sindicato, que da a entender que la alcaldesa tenía competencia desde el primer momento en el que se realizó la acampada ilegal. De hecho, aún no se ha actuado en el corte de Meridiana, que se produce desde hace más de un mes sobre las 20.00 horas.
El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, había iniciado negociaciones con la Consejería de Interior desde el pasado lunes para diseñar el operativo de desalojo acampada.
Hasta esta madrugada, los antidisturbios de la Guardia Urbana tan solo han actuado con el Gobierno de Colau para desalojar también a los manteros del paseo marítimo.
En el transcurso del dispositivo, los antidisturbios han obligado a cerca del centenar de personas a abandonar la zona. La acampada se inició el pasado 30 de octubre para exigir "la amnistía de los independentistas presos, la autodeterminación de Cataluña y un futuro digno para la autodenominada generación 14-O".
Dos días antes de las elecciones del 10-N y entre acusaciones de robo de 30.000 euros tras la decisión de ERC y La CUP de dar por concluida la protesta, numerosas personas abandonaron el lugar, quedando únicamente personas sin hogar y okupas. Hasta entonces, los comerciantes habían exigido el inmediato desalojo de la zona ante la pasividad del Ayuntamiento, que culpaba a los Mossos de mantener la acampada ilegal.
