Quim Torra se sienta este lunes en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para responder a un posible delito de desobediencia. En caso de presentarse, estará arropado por los independentistas de la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y autodenominados Comités de Defensa de la República, quienes han convocado a los suyos ante las puertas de los juzgados.

El presidente de la Generalitat se enfrenta a una pena de 20 meses de inhabilitación y una sanción de 30.000 euros, según el escrito de Fiscalía, por no retirar los lazos amarillos y las pancartas a favor de los políticos presos durante la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales y europeas tras hacer caso omiso a los constantes requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC). Aún teniendo condena, cabría la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Supremo, que en el caso de una sentencia firme obligaría a JxCat a buscar un sustituto.

"No me defenderé de nada, acudiré a acusar al Estado" por haber vulnerado derechos, ha afirmado el día antes de sentarse en el banquillo, un mensaje distinto a los pronunciados hasta ahora. "Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos", han sido declaraciones posteriores de Torra tras la acusación de Fiscalía. "Era una orden manifiestamente ilegal", ha asegurado. 

¿La oportunidad de Artur Mas?

Al mismo tiempo, ha insistido en la estrategia de la confrontación y la violencia en las calles. "Me habría decepcionado que no se hubiera reaccionado estos días, y sé que nos hará ser más fuertes", ha considerado el máximo representante de la Generalitat, quien ha celebrado la "respuesta masiva" tras la sentencia del procés mientras ata de pies y manos a los agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. 

Torra se convierte así en el tercer presidente consecutivo de la Generalitat que deberá responder ante la Justicia, todos venidos de la extinta CiU. El primero en pasar por el banquillo fue Artur Mas, cuya inhabilitación termina en febrero del próximo año por el referéndum del 9-N, mientras Carles Puigdemont tendrá que esperar a la decisión judicial de Bélgica por la euroorden. Torra tenía que haber declarado el pasado 25 de septiembre, pero pudo retrasar la fecha por la recusación de dos de los jueces del TSJC.

Si hubiera condena y el Supremo la ratifica en sentencia firme, Torra quedaría inhabilitado para ejercer cargo público. Ante este escenario y si antes no se han convocado elecciones anticipadas, JxCat tendría que escoger un nuevo candidato de cara a las elecciones de diciembre de 2021. Sin Torra y sin previsiblemente Puigdemont al frente, allanaría el camino al regreso de Artur Mas a través del PDeCat, produciéndose una separación entre el núcleo duro actualmente compuesto por quienes avalan la confrontación frente a la moderación. 

A Artur Mas le quedan apenas tres meses de inhabilitación para consumar la pena, mientras no ha descartado por completo regresar a la primera línea política, más cuando empresarios y moderados se lo han pedido para tratar de apaciguar las aguas revueltas en Cataluña.