Dos semanas de declaraciones en el caso Popular han reavivado el debate sobre la extensión de la investigación que pretende desvelar los motivos de la quiebra del banco ahora controlado por el Santander de Ana Botín. Hasta el momento, las pesquisas solo se centran en la ampliación de capital de 2016 y en las filtraciones de los días previos a la venta del Banco Popular. Varias acusaciones han intentado -y otras barajan intentar- convencer al juez de que incluya en la causa las cuentas de 2014 al considerar que también hubo irregularidades. La Fiscalía, sin embargo, ve inviable acceder a la petición.
Fuentes del ministerio público han asegurado a Vozpópuli que la pretendida ampliación de las pesquisas convertiría el sumario en una macrocausa imposible de gestionar. Según han explicado, la Fiscalía carece de personal y de medios técnicos para cubrir una investigación de esa magnitud.
Las mismas fuentes han advertido que no es que se haya descartado desde Anticorrupción que exista delito en las operaciones previas a la ampliación de capital de 2016 liderada por Ángel Ron, sino que no consideran pertinente incluirlas a la causa. Aunque han admitido que podría haber relación entre los hechos investigados y los de 2014, han hecho hincapié en que el epicentro del caso es la quiebra del Popular y no la gestión histórica del banco.
"Excesiva complejidad"
La propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 17, establece que cada delito dará lugar a la formación de una "única causa". Matiza, sin embargo, que los delitos conexos serán investigados cuando resulten convenientes para el esclarecimiento de la causa "salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso".
El caso Popular consta de dos piezas separadas. La primera versa sobre la ampliación de capital de 2016, con Ron como principal investigado. En la segunda se investiga la presunta manipulación del mercado tras la difusión de noticias con datos supuestamente falsos para hacer caer el valor de las acciones en los últimos días de vida del banco, con Emilio Saracho como sospechoso.
Hasta ahora han sido imputados 35 excargos de la entidad, incluidos expresidentes y exdirectivos. Según el calendario del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, están previstas declaraciones hasta la segunda semana de diciembre y luego de nuevo a partir de febrero de 2020.
Rechazo a la OCU
Ya en septiembre de 2018 el juez José Luis Calama rechazó una petición de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para analizar la actuación de los directivos del banco desde 2012. El entonces magistrado de instrucción desestimó la iniciativa y fue respaldado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que consideró que ampliar los hechos investigados haría del caso Popular un "caos procesal" y convertiría en procedimiento en una "causa general".
"El recurso de apelación formulado no puede prosperar, pues suscribe este Tribunal los razonamientos del instructor y del Ministerio Fiscal acerca de la falta de necesidad, inutilidad y reiteración que conlleva la práctica extensiva de la diligencia de investigación pericial", subrayó en aquel momento la Audiencia Nacional.
Con este precedente, la Fiscalía Anticorrupción pretende frenar cualquier intento del resto de acusaciones para ampliar las pesquisas que desde octubre de 2017 dirige el fiscal Antonio Romeral.
