En el almuerzo que Pedro Sánchez mantuvo con Mariano Rajoy a principios de junio, el presidente no le anunció la fecha de las elecciones generales, pues se limitó a dejarla en el aire sin descartar llamar a las urnas en septiembre. Ha pasado un mes desde entonces y Rajoy sigue sin desvelar el misterio. Algunos ministros opinan que mantiene la incógnita condicionado por la crisis griega y otros creen que lo hace, sobre todo, por el calendario del desafío soberanista en Cataluña. La primera no para de dar sorpresas y el segundo influirá, en cualquier caso, en las legislativas, según admiten en el Gobierno y en los cuarteles generales de los dos grandes partidos.
El trámite de los Presupuestos empuja a Rajoy a desvelar en breve su calendario electoral
El líder socialista, admiten en su entorno, considera que Rajoy debería convocar las elecciones generales cuanto antes y espera que, al menos, pacte con él la fecha con el fin de poder dar una respuesta conjunta al reto que Artur Mas ha planteado en Cataluña si, finalmente, se llegan a celebrar las autonómicas el 27 de septiembre.
Los motivos de preocupación tienen fundamento y son compartidos también en las filas del PP. Si Rajoy renunciara a hacer coincidir las legislativas con las catalanas, en contra de lo que ayer le pidió públicamente la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, se arriesgaría a que la respuesta institucional al desafío secesionista tuviera que hacerse desde un Parlamento disuelto. En el momento en que se convocan elecciones, el pleno del Congreso es sustituido por la Diputación Permanente, un mini pleno en funciones que trabaja hasta que se forman las nuevas Cortes y que suele operar también cuando éstas se encuentran de vacaciones. En este supuesto, se viviría un vacío institucional que plantearía una incertidumbre política sin precedentes, pues Mas intentaría, sin ninguna duda, jugar con ventaja, resumen fuentes del PP y del PSOE. Si hubiera, finalmente, generales el 27-S, Rajoy tendría que convocarlas en la primera semana de agosto. Si eligiera la fecha del 29 de noviembre, la disolución de Las Cortes llegaría el 5 de octubre.
La forma de evitar que esta especie de Congreso de guardia en miniatura, sin mayorías claras y, en todo caso, expuestas a unos resultados electorales desconocidos, tuviera que lidiar con el problema catalán sería, aseguran las fuentes, ir a elecciones generales el 27 de septiembre para conseguir, precisamente, que Artur Mas no convoque en esa fecha sus autonómicas. Todos los expertos coinciden en que si lo hiciera, asumiría el riesgo de ver al bloque soberanista en minoría, desmovilizado ante la convocatoria de unas generales. Las encuestas que manejan los principales institutos de opinión reflejan que el soberanismo ha perdido fuelle y que tanto Convergencia, sobre todo después de romper con Unió, como ERC y sus organizaciones satélite, tendrán que echar el resto para conseguir sus objetivos.
Declaración de independencia y Constitución propia
Las metas que ha dibujado el presidente de la Generalitat pasan por la redacción después del 27 de septiembre de una Constitución propia y también por una declaración unilateral de independencia, aunque esta última opción no parece ser su favorita. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha elaborado su plan para hacerla posible y el propio Gobierno autonómico también ha estudiado el trámite por el que el Parlamento salido de las urnas declararía la independencia. Podría ser a través de un proyecto de ley, que la “otorgaría relevancia formal y normativa” o de una propuesta de resolución presentada por todos los grupos favorables a la secesión. “El contenido de la declaración no tiene que ser largo en su parte dispositiva puesto que, básicamente, se tiene que limitar a reflejar la voluntad de constituir Cataluña como Estado independiente”, se lee en el informe. Una vez formalizada esta declaración, el Gobierno catalán tendría que aprobar inmediatamente una Constitución propia.
PP y PSOE coinciden en que habría un vacío institucional si se respondiera al reto soberanista desde un Parlamento disuelto
Razones no le faltan a Mas para señalar la declaración de independencia como última opción. Para empezar, tampoco podría convocar unas plebiscitarias como tales, pues sus asesores hace tiempo que le han advertido de que dar este paso, solo sería legítimo si todas las formaciones políticas acordaran concurrir a las elecciones con un programa exclusivo a favor o en contra de la secesión. Este es el motivo por el cual el actual Parlamento catalán, salido de las autonómicas de 2012, no está legitimado democráticamente para abordar algo tan trascendente como una declaración de independencia, pues el objetivo fundamental de aquellos comicios no fue pedir a los ciudadanos un pronunciamiento claro sobre la apuesta soberanista. Además, entre los partidos que la apoyaron, había una pluralidad de opciones, desde los que respaldaban el llamado derecho a decidir hasta los que defendían inequívocamente la secesión, pasando por los que reivindicaban una reforma constitucional para llegar a un Estado federal.
En el Gobierno se opina que en La Moncloa habrá pronto fumata blanca para la fecha electoral, entre otras razones porque el presidente del Congreso, Jesús Posada, necesita tener cuanto antes fijada la agenda parlamentaria en el caso de que Rajoy decida someter a la aprobación de las Cortes los Presupuestos del año que viene.
