El 27 de marzo de 2017, hace 11 meses, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil firmaron un informe en el que atribuían al exvicepresidente del Gobierno del PP Rodrigo Rato los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública, por haber cobrado mediante empresas familiares un total de 67,6 millones de euros de las sociedades que había privatizado en los años 90.
Y en ese escrito, los guardias reclamaban a la Fiscalía Anticorrupción y al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Manuel Serrano-Arnal, cuyas 'meteduras de pata' han ralentizado la instrucción, que llamaran a declarar como imputado a Rato. La Fiscalía 'recogió el guante' de la UCO y reclamó al magistrado que citara a Rato como imputado, para que explicara los hechos.
Sin embargo, el polémico Serrano-Arnal archivó el procedimiento sin llevar a cabo ninguna investigación. Además, el instructor aprovechó para cargar contra la Fiscalía Anticorrupción, pero sobre todo contra la UCO.
El juez también se enfrentó a la Abogacía del Estado, ya que le impidió acceder al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha sido incorporado al sumario del denominado caso Rato.
Los agentes descubrieron que empresas privatizadas en los años en que fue ministro (1996-2004) Rodrigo Rato, en el Gobierno de José María Aznar, pagaron por campañas de publicidad en medios de comunicación casi 83 millones de euros a través de sociedades presuntamente relacionadas con la familia del exvicepresidente.
Empresas privatizadas
El dosier policial ponía el foco sobre COR Comunicación, señalada como la sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones principalmente de Endesa (61,88 millones), Paradores Nacionales (2,20 millones) y Repsol (1,13 millones).
Por el contrario, el instructor descartó el 24 de mayo de 2017 que Rodrigo Rato cometiera los delitos de blanqueo, cohecho y malversación de caudales públicos tras las privatizaciones de varias empresas en los años 90, tal y como apuntó la UCO, y archivó la causa.
Pero el 28 de septiembre de 2017, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid enmendó la plana al juez Serrano-Arnal, y ordenó reabrir parcialmente el procedimiento, al considerar que existen "indicios suficientes de que Rodrigo Rato ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida, y cuyo fin último se adivina sin esfuerzo que era defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al Fisco", según el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Blanqueo de capitales
Los magistrados de la Sección 23 constatan que las cantidades defraudadas retornaron al circuito económico mediante su transferencia a otras sociedades: "Esta conducta puede ser constitutiva de blanqueo de capitales y debe ser investigada, blanqueo de capitales en relación a los delitos fiscales cometidos por Vivaway y Kranodara, y por ello en este único sentido, el recurso debe ser estimado, debiendo practicarse las diligencias de investigación que el instructor estime pertinentes para el esclarecimiento de dicho delito", completa el auto de 28 de septiembre de 2017.
Sin embargo, cuatro meses después de la reapertura de la pieza que investiga un posible blanqueo de capitales y 11 meses después de la primera petición de la Guardia Civil, el juez Serrano Arnal no ha llamado a declarar a Rodrigo Rato, tal y como le reclamaron tanto la Unidad Central Operativa (UCO) como la Fiscalía Anticorrupción.
Entre los afectados por la inacción del juez están los propios imputados, que ven cómo pasan los meses si que el instructor tome decisiones. Así, el empresario Alberto Portuondo, supuesto testaferro de Rodrigo Rato, ha lamentado haber vivido una "auténtica pesadilla", sin condena tras dos años de instrucción, al tiempo que anuncia que tomará medidas legales contra quienes le difamen, informa Efe.
Empresas publicitarias
Portuondo está imputado junto con el exvicepresidente del Gobierno en la causa que investiga el entramado societario y el origen de la fortuna de Rato.
Según la investigación, el empresario habría cobrado, a través de la empresa Albisa Inversiones, dos millones de euros de las compañías Publicis y Zenith a cambio de haber favorecido presuntamente que Bankia las contratase para el lanzamiento de la campaña de su salida a Bolsa.
Portuondo ingresó en la cárcel madrileña de Soto del Real en agosto de 2015, y en noviembre de ese año quedó en libertad al considerar la Audiencia Provincial de Madrid que no había riesgo de fuga.
