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Con 30.000 millones dedicados al abono del desempleo, más de 27.000 al pago del servicio de la deuda y 112.000 a costear las pensiones, el margen que tendrá el PP para meter la tijera en las cuentas estatales de 2012 se estrecha mucho. Pero hay dos partidas, las de subvenciones e inversiones, donde el equipo económico que trabaja junto a Mariano Rajoy cree que es posible trabajar sobre un presupuesto de base cero haciendo tabla rasa de las partidas comprometidas en anteriores ejercicios.
En proporción, el mayor tijeretazo lo sufrirá la partida de subvenciones públicas, donde el PP hará severos recortes en las ayudas destinadas a RTVE, a sindicatos y empresarios, a partidos políticos y gastos electorales, a la ciencia, al cine y a la financiación de estudios medioambientales. Tampoco se librará de los recortes el capítulo de ayuda oficial al desarrollo, que en este ejercicio se ha disparado hasta los 4.350 millones de euros, a pesar de la gravedad de la crisis económica.
Hay una larga tarea de peinado por hacer, ya que muchas de las subvenciones proceden de acuerdos parlamentarios negociados por el Gobierno de Zapatero con sus socios parlamentarios, especialmente con el PNV y CiU. Aquí se impondrá la tabla rasa, al igual que en las partidas de gastos diversos y obra nueva.
Para alcanzar el objetivo del 3% de déficit comprometido con Bruselas en 2013, será necesario hacer un ajuste básico que rondará, como mínimo, los 30.000 millones de euros, cifra a la que habrá que sumar otros 20.000, en números redondos, con el fin de compensar los compromisos presupuestarios contraídos por Fomento con cargo a ejercicios futuros y las transferencias a las comunidades autónomas con problemas de liquidez, un obstáculo serio que afrontan muchas de ellas y que se ve agravado por las dificultades para endeudarse en los mercados. Fuentes del PP recuerdan que en 1996 el Gobierno de José María Aznar se encontró en la caja de la tesorería con dos billones de las antiguas pesetas pendientes de pago, a los que se sumaron 700.000 millones que estaban sin contabilizar.
Una pequeña parte del ajuste global pendiente se hará mediante la congelación del gasto en términos nominales. No obstante, según las fuentes consultadas, los cálculos definitivos no podrán hacerse hasta que el nuevo Gobierno se meta de verdad en la cocina de los ministerios del gasto, en particular el de Fomento. La partida para inversiones ha sumado este año 17.000 millones aunque el margen de recorte no es elevado por la tijera introducida en ella por el PSOE en los dos últimos años. “Tenemos la sensación de que en el capítulo inversor se ha tocado hueso”, señalan fuentes del primer partido de la oposición. De los datos recabados por el equipo económico del PP se deduce que existe un gran volumen de gasto diferido en obra pública que habrá que tener en cuenta en los sucesivos presupuestos. De hecho, se calcula que hay compromisos de gasto por importe superior a 9.500 millones cuando solo hay presupuestados 4.500.
En el capítulo primero del Presupuesto, de donde salen los gastos de personal, hay poco espacio para los ajustes, más allá de las restricciones que se aplicarán en las ofertas públicas de empleo. En puridad, podría procederse de nuevo a una congelación del sueldo de los empleados públicos, una decisión todavía no tomada. El PP se atrevió a dar este paso en 1996 pese a que en esa fecha los funcionarios tenían comprometida la revalorización de los salarios mediante un convenio trianual. El Gobierno perdió entonces en primera instancia judicial el recurso puesto por los sindicatos, pero lo ganó con posterioridad, recuerdan las mismas fuentes.
Presupuestos en marzo
El PP trabaja con el propósito de sacar el Presupuesto estatal de 2012 en marzo, tres meses después de haber tomado posesión del Gobierno, fecha en la que también se plantea asomar las principales proyecciones presupuestarias para 2013 con el propósito de dar confianza a los mercados y convencerles de que es posible cumplir el escenario de estabilidad.
En las últimas semanas, la cúpula del PP ha mantenido varias reuniones con los consejeros económicos de las diferentes comunidades y les ha recomendado que promuevan prórrogas presupuestarias en cada territorio hasta que salga en marzo el nuevo Presupuesto estatal y puedan conocer con precisión los ingresos de los que van a disponer el año que viene. El 70% de estos ingresos proceden de la recaudación por IRPF, IVA e impuestos especiales, transferidos a los territorios en porcentajes que oscilan del 50 al 58%.
Los consejeros regionales se han comprometido con el equipo económico de Rajoy a estudiar las ventajas y los inconvenientes de prorrogar sus presupuestos, teniendo en cuenta también el mensaje tan intranquilizador que se emitiría a los mercados en caso de que todas las comunidades secundasen este consejo. Madrid es de las más reticentes a seguir esta recomendación y, de hecho, trabaja con la finalidad de aprobar las cuentas regionales el próximo jueves 27.
Los presidentes regionales del PP han vuelto a pedir sin éxito a Elena Salgado una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal para saber a qué atenerse, una vez que el Gobierno ha renunciado a llevar al BOE un real decreto de prórroga presupuestaria.
