La agencia se acoge a los argumentos esgrimidos por el Ministerio Fiscal y el juez para concluir que "no existe ningún indicio de que las calificaciones se basaran en datos falsos ni en absoluto son absurdas ni infundadas, ni tampoco contradicen la opinión generalizada de las más reputadas organizaciones económicas".
De esta forma, la agencia pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que confirme la desestimación de la querella dictada el pasado 30 de agosto por el juez Ismael Moreno. La querella la presentó la asociación DUDH, que reúne a un grupo de abogados, y a ella se adhirieron Attac Madrid e Izquierda Unida.
Moody's, la única de las tres agencias que se ha personado ante la Audiencia Nacional para defenderse, acusa a los querellantes de pretender "criminalizar la actividad propia de las agencias", mediante la apertura de una "investigación predelictual" y una "causa general" contra sus procedimientos de emisión de 'ratings'.
"Las investigaciones generales están prohibidas, más aún en un proceso penal", recuerda el representante legal de Moody's y antiguo magistrado de la Audiencia Nacional Carlos Bueren.
Moody's considera que los querellantes no han aportado "dato o elemento indiciario" alguno para justificar el inicio de una investigación penal que encajen en los delitos denunciados, tipificados en los artículos 284 y 285 del Código Penal (CP).
La Audiencia Nacional tendrá que estudiar ahora si ordena la apertura de la causa contra Moody's, Fitch y Standard and Poor's, tal y como piden los querellantes en su recurso de reforma al auto que desestimó la querella. La Fiscalía se pronuncia en contra de la apertura de diligencias penales.
Los querellantes acusan a Moody's, Fitch y Standard and Poor's de actuar como un "oligopolio" -cuentan con un 90% del mercado-, lo que les permite regular y controlar los mercados financieros con sus informes de calificación, manejando "arbitrariamente" los precios.
Además, estimaban que las agencias han obtenido por estas prácticas unos beneficios anuales de 3.000 millones de euros, con márgenes de hasta un 50%. El 75% de sus ingresos provienen de las comisiones que cobran a los emisores por calificar sus títulos.
Por el momento, Estados Unidos e Italia son los dos únicos países que mantienen abiertas investigaciones contra las agencias de 'rating' por su actuación en la crisis económica. Por su parte, la Comisión Europea anunció la pasada semana que estudia medidas regulatorias para neutralizar el impacto en los mercados de las decisiones de las agencias de calificación.
