Al menos media docena de partidos extraparlamentarios han anunciado recursos por la vía de lo contencioso administrativo ante tribunales de justicia y en amparo ante el Tribunal Constitucional por la anulación de sus candidaturas a las elecciones generales del 20 de noviembre.
Según se ha conocido este martes a través del Boletín oficial del Estado (BOE), las Juntas Electorales Provinciales han rechazado la proclamación de más de 180 candidaturas en distintas circunscripciones al no dar validez a las firmas que, en virtud de la última reforma electoral, se exige a las formaciones sin representación parlamentaria.
Uno de los más afectados, el partido Por un Mundo más Justo (PUM+J) ya anunció el lunes que recurrirá ante el Tribunal Supremo, y en amparo ante el Tribunal Constitucional, después de que 19 de sus candidaturas fueran anuladas por irregularidades en los avales adjuntados.
Este martes se ha sumado el Partido Animalista (PACMA), al que las juntas electorales han anulado las listas de Cuenca y Navarra. Para los antitaurinos, la nueva exigencia introducida en la reforma de la Ley Electoral se "constata como un arma contra la verdadera democracia", cuyo objetivo es "impedir la libertad de aquellas opciones políticas que no obtienen el respaldo mayoritario de la sociedad".
EL PA PROVOCÓ CON UNA LISTA SIN AVALES
Igualmente, la secretaria general del Partido Andalucista (PA), Pilar González, ha anunciado que pedirá amparo al Tribunal Constitucional después de que la Junta Electoral Central haya hecho público este martes su rechazo a la lista electoral que el PA había presentado "intencionadamente sin avales" en Madrid para protestar contra el "blindaje del bipartidismo".
En un comunicado, González ha explicado que la candidatura en Madrid tenía un "carácter simbólico" y que la presentaron "intencionadamente sin avales, por aquello de más democracia", en alusión al eslogan de su precampaña electoral.
Igualmente, la coalición Hartos.org, que agrupa a 17 partidos variopintos, ha anunciado de entrada un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, al que seguirá otro de amparo ante el Tribunal Constitucional para tratar de que se declare la inconstitucionalidad de la última reforma de la Ley Electoral.
A su juicio, la criba de las juntas electorales es "la prueba evidente del desastroso y grave efecto" que ha causado la exigencia de los avales, por lo que han animado a otros partidos, entidades y ciudadanos a unirse a las actuaciones.
En el caso de la coalición Anticapitalistas, las listas inhabilitadas han sido las de Pontevedra, Baleares, Valladolid y Málaga. "La decisión es claramente antidemocrática y no puede pasar sin que se agoten todas las vías legales para reparar este atropello", ha explicado la formación, que no descarta acudir al Constitucional.
UN FILTRO
Izquierda Anticapitalista, el partido promotor de la citada coalición y que contó con el actor Willy Toledo para recabar avales, ha advertido de que en estas provincias mantendrán la lista a pesar de la prohibición", mientras que en las regiones donde tienen "candidatura legal" harán una "campaña anticapitalista y desobediente". "La reforma de la Ley Electoral ha terminado siendo un filtro para reducir a la mínima expresión la pluralidad política", ha denunciado.
La aplicación de la última reforma electoral, que introdujo la obligación de acompañar cada candidatura provincial de los partidos extraparlamentarios con las firmas del 0,1 por ciento de los electores, ha reducido a la mitad el número de listas presentadas con relación a 2008. Sólo en Madrid, que en las últimas elecciones contaba con 98 candidaturas, el número de listas presentadas ha sido de 26, lo que supone una reducción del 75 por ciento, y de ellas la mitad no han podido ser proclamadas.
