En pleno proceso de desmantelamiento, la entidad ha sustituido hoy la publicación habitual de sus resultados trimestrales por un comunicado en el que informa de su situación financiera.
Según indica, en el tercer trimestre del año Dexia se anotó unas pérdidas de algo más de 4.065 millones de euros por la operación de venta de su rama belga al Estado.
Los 4.000 millones que el banco recibió del erario público belga a cambio de sus acciones se dedicaron a pagar préstamos que se habían hecho a otras estructuras dentro de la propia entidad.
Las pérdidas relacionadas con la exposición a la deuda soberana griega supusieron para Dexia 2.317 millones de euros en el tercer trimestre.
Una vez descontados, la exposición a la deuda griega del banco suponía a fecha 30 de septiembre casi 1.300 millones de euros.
Mientras, obtuvo 135 millones de euros por la venta de su negocio de seguros en Turquía.
En total, en los nueve primeros meses del año, el grupo bancario estima que las cesiones, depreciaciones y provisiones en sus cuentas han tenido un impacto negativo de 10.513 millones de euros.
Además, Dexia ha dado a conocer su exposición a la deuda de varias economías europeas en apuros, entre las que destacan los 10.000 millones que suponen los bonos italianos.
También su exposición a la deuda portuguesa es de 1.839 millones de euros y a la española de 475.
Por otra parte, Dexia ha anunciado hoy que aumentará el capital de su filial francesa Dexia Crédit Local en unos 4.200 millones de euros para reducir la financiación que ésta recibía de la rama belga de la entidad, ahora en manos del Estado.
La nacionalización se cerró el pasado 20 de octubre tras recibir el visto bueno temporal de la Comisión Europea.
La operación de rescate de Dexia, segunda a la que accede el banco, supone también la división del grupo en tres secciones -Bélgica, Francia y Luxemburgo- y la creación de un "banco malo" para aislar los activos tóxicos que originaron las dudas sobre su situación.
Además de nacionalizar la rama belga de la entidad, Bélgica acordó ofrecer una garantía de 54.000 millones de euros para la entidad residual que concentrará los activos problemáticos, a la que Francia respaldará con 32.850 millones y Luxemburgo con 3.150 millones.
