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Cuando Mariano Rajoy llegue a la presidencia del Gobierno tras un largo mes de traspaso de poder se iniciará el arrumbamiento de muchas de las señas de identidad que han distinguido estos ocho años de ejecutoria de José Luis Rodríguez Zapatero. Algunas de esas iniciativas acabarán en el cajón, otras simplemente caerán en el olvido, mientras unas terceras morirán de inanición, estranguladas económicamente hasta su práctica desaparición.

Los populares heredan una serie de iniciativas que no pararon de criticar en su momento,  entre las que destacan el debate en torno al futuro del Valle de los Caídos, la creación de la Conferencia  de Presidentes y, por encima de todo, la tan caricaturizada Alianza de Civilizaciones, propuesta en 2004 y adoptada por Naciones Unidas bajo la presidencia de Ban Ki-moon. 

Financiada en muy buena parte por España, la Alianza pretendía convertirse en puente de conexión entre Oriente y Occidente, con una versión edulcorada de las relaciones entre las distintas culturas y bajo el convencimiento de que el diálogo evitaría nuevos atentados integristas. La Alianza le ha costado hasta el momento a España 3,3 millones de dólares, la última aportación económica se realizó el pesado mes de agosto y se elevó a 650.000 euros. No se trata tampoco de unas sumas desorbitadas aunque no es previsible que un Gobierno del PP vuelva a inyectarle un solo euro.

Precisamente, este domingo empieza en Doha (Qatar) el IV Foro de la Alianza a la que acudirá en representación de España el vicepresidente Manuel Chaves. Zapatero inmerso en la crisis de deuda y tras la celebración de la controvertida cumbre europea, ha decidido no acudir, aunque tampoco lo hizo en la anterior, celebrada en Río de Janeiro.

Restos de Franco

En cuanto al futuro del Valle de los Caídos y el traslado de los restos de Franco, todo apunta a que el nuevo Gobierno del PP meterá el informe de los expertos en un cajón  y  ahí se quedará a dormir el sueño de los justos. Es un tema en el que los populares no se sienten cómodos, con el agravante de que el gobierno saliente les ha pasado la patata caliente tras ochos años sin solucionarlo a pesar de levantar muchas expectativas al respecto, cuestión criticada por la práctica totalidad de las asociaciones de la Memoria Histórica, otro de los emblemas del gobierno Zapatero.

Tampoco Rajoy tiene previsto volver al modelo de la Conferencia de Presidentes, creada en 2004 con la idea  de convertirse en “un órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas”, según reza la página web del  Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, de la que depende.  Los populares siempre torpedearon las convocatorias mientras que al Gobierno le valía más con la foto que con acuerdos de fondo. Destinada a reunirse anualmente, al final sólo se celebraron cuatro citas, la última en el año 2009.

En definitiva, cabe destacar que, de un modo u otro, estas iniciativas puestas en marcha por Zapatero han ido languideciendo incluso bajo su mandado, por lo que un Gobierno del PP no tendrá más que ponerlas la puntilla.

Cambio de Educación para la Ciudadanía

Hay otras “banderas zapateristas” de futuro incierto. También deben tomar una decisión sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía, dado que en su programa se comprometían a cambiarla por otra materia. La reforma legal que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo está pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional, decisión a la que se someterá el PP cuando el Alto Tribunal se pronuncie. También está en el TC por iniciativa de los populares la Ley del Aborto. Ese es un tema controvertido dentro del  ya partido gobernante dadas las discrepancias internas entre el sector democristiano y el más liberal. Es previsible que el PP no espere a una sentencia del Constitucional para abordar la modificación del articulado que permite abortar sin permiso de los padres desde los 16 años.

En cuanto a la Ley de Igualdad, es poco previsible que la deroguen habida cuenta de que el TC avaló alguno de sus aspectos más controvertidos como la obligación de que ninguno de los sexos supere el 60 por ciento de representación de las listas electorales.