Este lunes ha habido testigos de excepción del discurso de investidura de Rajoy – los embajadores de Estados Unidos y de Francia, por ejemplo- y otros que no estaban en el hemiciclo del Congreso, como las agencias de rating, pero que también han puesto los cinco sentidos en los anuncios del próximo presidente. A estos últimos va dirigida la decisión de llevar al Consejo de Ministros del próximo día 30, dentro del decreto de prórroga presupuestaria, un acuerdo de no disponibilidad en los Presupuestos de 2012 que, en buena lógica, debería partir de un suelo de 16.500 millones, el importe de calcular la reducción de un déficit del 6% al 4%. No hay tiempo para decidir de qué partidas se reduce tanto dinero porque tampoco hay información fiable, hasta el momento, sobre el estado contable de los diferentes ministerios. Por tanto, se trata de un mensaje a los mercados, reconocen fuentes populares, para compensar, en parte, el anuncio de revalorización de las pensiones, el único que ha hecho Rajoy esta mañana que supone un incremento del gasto.

Según fuentes del equipo económico del PP, Rajoy ha optado por la prudencia y va a esperar al mes de febrero, cuando se conozca el déficit real de las comunidades autónomas, para decidir el grueso del ajuste presupuestario. Este recorte se introducirá en el proyecto de ley de Presupuestos y rondará los 30.000 millones de euros ya que tendrá en cuenta no solo el objetivo de alcanzar un déficit del 4,4% el año que viene, sino también los desfases en la contabilidad autonómica, la falta de aportaciones positivas por parte de la Seguridad Social y las posibles deudas no reconocidas contraídas por la administración central con los proveedores. “La Administración va a dejar de financiarse con los proveedores”, sentencia un miembro del equipo económico de Rajoy.

Nueva reforma de las pensiones

Los nuevos Presupuestos serán casi de base cero. Es decir, se revisarán todas las partidas, salvo la de las pensiones, teniendo en cuenta también que los 30.000 millones de euros que se van en el pago del paro y los 27.000 largos destinados al servicio de la deuda, tienen escaso margen para el ajuste.
El líder del PP ha dado algunas claves en su discurso de investidura de por donde puede ir el corte de tijera en los próximos Presupuestos. El nuevo Gobierno legislará para suprimir las prejubilaciones “salvo circunstancias excepcionales”, y para evitar abusos en el cobro de las prestaciones por desempleo como puente hacia la jubilación.

Otro anuncio importante: Rajoy ya piensa en otra vuelta de tuerca para conseguir que las pensiones se calculen sobre las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral. En otras palabras: el último acuerdo del Pacto de Toledo queda instalado en la provisionalidad.
Las señales a las agencias de rating se han completado con el compromiso de tener lista para las próximas semanas la nueva ley de Estabilidad Presupuestaria, en la que se establecerán los criterios para la reducción progresiva de la deuda hasta el 60% en 2020 y se fijará en un 0,4% el techo de déficit estructural para el conjunto de las administraciones públicas en el mismo horizonte.

Paro: venda antes que la herida

Rajoy es consciente de que las próximas encuestas de población activa van a traer muy malas noticias y hoy se ha puesto la venda antes que la herida. A pesar de que las últimas encuestas y los datos de paro registrado más reciente no reflejan un número de parados superior a los cinco millones, el líder del PP ha señalado que, en realidad, tenemos 5.400.000 españoles buscando empleo. Además, ha recordado, si el número de cotizantes a la Seguridad Social sigue en caída libre, “se pondrán en peligro las pensiones públicas”.

Sin embargo, ha sido en el ámbito laboral donde Rajoy ha hecho menos precisiones, ya que de momento deja la reforma en las manos de empresarios y sindicatos y, en lo que afecta al desempleo juvenil, sobre una mesa de diálogo social a la que encomendará la elaboración de un plan de empleo juvenil. Esta imprecisión ha sido la que menos ha gustado en las filas del PP, teniendo en cuenta que el paro juvenil se acerca peligrosamente al 50%. El anuncio más concreto en este área del próximo presidente pasa por bonificar la totalidad de las cotizaciones sociales durante un año para aquellas contrataciones de menores de 30 años que accedan al primer empleo.

Más fusiones bancarias

El líder del PP ha evitado hablar de ‘banco malo’, pero sí ha anticipado que el nuevo Gobierno facilitará nuevas fusiones entre entidades financieras en busca de un mapa bancario “más sólido”.
El saneamiento de los bancos y cajas más dañados pasará por la venta de los inmuebles que tienen en sus balances y por una valoración “muy prudente” de los solares y las promociones inconclusas.
Estas medidas, ha advertido Rajoy, supondrán “la asunción de pérdidas latentes u ocultas” en los balances, por lo que será inevitable una segunda ola de fusiones y nuevas necesidades de capital para mantener la solvencia. También ha anticipado cambios en el modelo de regulación de las cajas y sus fundaciones para garantizar “la independencia y la profesionalidad”. La culminación del proceso estará lista para el verano.

Reformas en el Impuesto sobre Sociedades

Ha sido la única figura tributaria en la que Rajoy ha precisado algo sus planes. El nuevo Ejecutivo eliminará las limitaciones existentes para aplicar el tipo del 20% a las empresas con negocio inferior a cinco millones. Además, ampliará hasta los 12 millones de euros la cifra de negocio que permite acogerse al régimen especial previsto para las sociedades de reducida dimensión. Por último, se ampliará hasta los 500.000 euros el límite de base imponible al que se aplica el tipo reducido del 25%.

Otras iniciativas fiscales que el PP tiene en cartera pasan por la mejora en la fiscalidad de los beneficios no distribuidos, las exenciones para la modernización de los activos fijos, el mantenimiento del tipo superreducido para la compra de vivienda habitual y el retraso en el pago del IVA hasta que no se hayan satisfecho las facturas, sin olvidar la compensación automática entre las deudas reconocidas por las administraciones y las deudas tributarias de las empresas con éstas.