El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está dando junto a su flamante secretario de Estado, Antonio Beteta, los últimos retoques al acuerdo de no disponibilidad que aprobará este viernes el Gobierno. La rapidez con la que el nuevo Gabinete quiere lanzar un mensaje de austeridad a los mercados y la necesidad de comenzar el ejercicio de 2012 con un marco presupuestario más restrictivo, está obligando a los responsables de Hacienda a un auténtico maratón que entraña sus dificultades porque el ajuste en el gasto, que ayer Luis de Guindos cifró en 4.000 millones de euros, debe ser conocido por sus destinatarios antes del viernes.

Según fuentes gubernamentales, el primer tijeretazo se centrará en las partidas más fáciles de recortar como son las de gasto corriente y subvenciones. Estas comprometerán a la totalidad de los ministerios por lo que será un ajuste de cinturón compartido. Entre las ayudas públicas que están siendo reconsideradas se encuentran las destinadas a RTVE, a sindicatos, empresarios, partidos políticos, gastos electorales, al cine y a la financiación de estudios medioambientales, todas ellas con capítulos independientes en el Presupuesto todavía vigente. Tampoco se librará de los recortes, según las mismas fuentes, la ayuda oficial al desarrollo, que en este ejercicio se ha disparado hasta los 4.350 millones de euros, a pesar de la gravedad de la crisis.

Al margen de estos recortes, los ministerios que se verán más afectados por la reducción del gasto serán los de Defensa y Fomento. Con ambos, pero sobre todo con el primero, Hacienda está dispuesta a librar una “lucha titánica” que puede terminar por deslucir el estreno en ambas carteras de Pedro Morenés y de Ana Pastor. Esta última ha heredado en Fomento un gasto comprometido hasta 2014 que puede rondar los 10.000 millones de euros, pese a haber sido presupuestado solamente la mitad. También tendrá que encarar los modificados en la obra pública, la mayoría de ellos al alza, que supondrán un esfuerzo presupuestario extra para el Gobierno a no ser que sean renegociados con las principales empresas constructoras. En cualquier caso, las inversiones dependientes de Defensa y Fomento se verán afectadas, a pesar de las repercusiones negativas que esta decisión puede tener en un primer momento sobre la actividad económica.

El Gobierno ya ha anticipado que se propone congelar las ofertas públicas de empleo, salvo las que afectan a las fuerzas de seguridad y los servicios esenciales, decisión que supondrá un desahogo para el capítulo primero del Presupuesto. También está decidido congelar el sueldo de los funcionarios, aunque la decisión posterior de si se procede o no a un nuevo recorte en el salario de los empleados públicos no se tomará hasta marzo, fecha en la que se presentará el nuevo Presupuesto al Congreso.

El Gobierno también tiene decidida la revalorización de las pensiones, posiblemente en un 1%, mejora que afectará a más de cinco millones de jubilados y que supondrá un coste aproximado inicial de 1.000 millones de euros que habrá que compensar también con un recorte similar en las cuentas estatales de 2012.

El ajuste en el gasto está diseñado, pues, en varias fases y la más importante llegará en primavera, donde fuentes gubernamentales calculan el recorte global en 30.000 millones de euros aunque otras fuentes, como Funcas, consideran que se disparará hasta los 40.000, dependiendo de la desviación final del déficit autonómico. En su reciente discurso de investidura, Mariano Rajoy no descartó proceder a nuevos recortes después de presentados los Presupuestos, dependiendo de la evolución de la recesión.