Mariano Rajoy no volverá a dar cuenta de la agenda reformista del Gobierno hasta después de la cumbre comunitaria prevista para el próximo 30 de enero. El próximo miércoles, 11, no será, pues, el presidente quien defienda en el Congreso el plan de ajuste aprobado el pasado viernes, sino probablemente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Lo hará con una nueva sorpresa que se ha conocido este jueves: la Seguridad Social cerrará el ejercicio con una desviación de casi medio punto sobre las cifras previstas por el anterior Gobierno. El sistema no solo no acabará con cuatro décimas positivas, sino que aportará un déficit añadido de 668 millones de euros, el 0,06% del PIB. El anuncio ha sido acompañado de un llamamiento a la tranquilidad. “Se pagarán las pensiones sin problemas”, ha advertido la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría.

Como los mercados aprietan y el Gobierno no quiere perder en ningún momento la iniciativa, el Consejo de Ministros de este jueves ha abordado dos batallas de gran calado que se darán en los próximos meses. La primera descansa en la lucha contra la economía sumergida, que algunos expertos llegan a cifrar en el 25% del PIB. A través del plan de lucha contra el fraude esbozado por Soraya Sáenz de Santamaría, Hacienda pretende recaudar en 2012 8.171 millones de euros mediante medidas como la limitación del pago en efectivo a partir de determinadas cantidades y el fomento de las declaraciones complementarias. En todo caso, la investigación contra el fraude fiscal seguirá centrada en los grandes contribuyentes y se reforzará con un mayor cruce de datos entre la Hacienda estatal y las de las comunidades autónomas. El Gobierno espera también contar con la ayuda de países como Andorra, Panamá, Bahamas o las Antillas Holandesas y quiere desarrollar nuevos convenios de doble imposición para levantar posibles bolsas de fraude. Entre 2005 y 2011 se recaudaron 55.833 millones de euros en esta lucha, de los que 10.400 se ingresaron en este ejercicio, en el que la recaudación aumentó el 3,6%.

Cristóbal Montoro también ha ganado tiempo para encauzar su plan de austeridad en las administraciones públicas mediante la eliminación de empresas, consorcios y fundaciones, en total más de 4.000 entidades que cuelgan del erario público y han sido utilizadas en las dos últimas décadas para disfrazar el déficit y rehuir los controles administrativos. Como más de 2.000 de estas empresas dependen de las comunidades autónomas, el ministro de Hacienda recurrirá a plantear su plan de austeridad en el Consejo de Política Fiscal que se celebrará antes de fin de mes.

“Queremos tener información exhaustiva del personal que tienen estas empresas, de sus altos directivos y una valoración previa del futuro de estos organismos”, ha dicho la vicepresidenta primera. En los informes con los que trabaja Hacienda se prevé, además de la supresión de muchos de ellos, el despido del 50%, como mínimo, del personal eventual y la reducción del 25% de sus directivos.