La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que el Gobierno aprobará en breve un Plan General de Control Tributario por el que espera recaudar 8.171 millones de euros en 2012, y que se centrará fundamentalmente en la lucha de la economía sumergida y los paraísos fiscales. También ha anunciado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá por primera vez en el Congreso después de la cumbre de la UE prevista para el 30 de enero. En la misma, ha adelantado la portavoz del Gobierno que Rajoy no sólo hablará de los acuerdos tomados en la cumbre, sino también de las principales medidas que habrá tomado el Ejecutivo hasta entonces y el calendario de las que tiene intención de abordar.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta indicó que una de las novedades que incluirá el mencionado plan contra la evasión fiscal será limitar el uso de efectivo en determinadas transacciones financieras para aflorar parte de la economía sumergida que se lleva a cabo a través de estas operaciones.
El plan de prevención del fraude fiscal operará en tres ámbitos: la intensificación en el lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas.
Déficit de la Seguridad Social del 0,06% del PIB
La Seguridad Social cerró 2011 con un déficit de 668 millones de euros, el equivalente al 0,06% del PIB, frente al superávit inicialmente previsto por el Gobierno socialista del 0,4% del PIB. En la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha señalado que, pese a esta desviación negativa sobre lo previsto en las cuentas de la Seguridad Social, los pensionistas pueden estar "tranquilos", pues las pensiones se pagarán puntualmente.
La vicepresidenta, que ha comentado que esta situación le recuerda a la de 1996, ha insistido en que la realidad económica es "más dura" de lo que pensaba el Gobierno, por lo que ha advertido de que las medidas que adoptará en el futuro "también lo serán".
Reunión con las CC.AA este mes
El Gobierno ha convocado en enero al Consejo de Política Fiscal y Financiera para examinar la situación del sector público empresarial y reducirlo, con el fin de ahorrar costes y ayudar a corregir el déficit público. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Consejo de Ministros ha analizado un informe procedente del Ministerio de Hacienda que cifra en más de 4.000 los organismos, fundaciones y consorcios que forman parte del entramado de la Administración Pública y que necesariamente hay que disminuir."Es una tarea compartida del Estado, de los gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales redimensionar el sector público para mejorar el control del déficit", ha señalado.
La vicepresidenta, que no ha avanzado la fecha exacta del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha dicho que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, preguntará a los gobernantes de las diferentes administraciones públicas por qué no han cumplido con el objetivo de déficit para 2011.
No premiar a directivos de entidades rescatadas
A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha argumentado que el Ejecutivo quiere saber si el organismo supervisor cree adecuadas "a las circunstancias actuales" las retribuciones, tanto fijas como variables, de los directivos de las entidades intervenidas o que han recibido ayudas públicas.
Por eso, ha informado de que el titular de Economía, Luis de Guindos, se dirigirá "por carta" al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para conocer la posición del organismo sobre estos sueldos. Según el informe que elabore el Banco de España, el Gobierno ha prometido que adoptará "medidas" para que "no se premie a los directivos de entidades intervenidas o que han necesitado apoyo público".
Además, Sáenz de Santamaría ha puesto como ejemplo que en otros países de la Unión Europea se han adoptado ya medidas sobre las retribuciones de los gestores de entidades financieras, especialmente en aquellas que han recibido ayudas.En cualquier caso, De Guindos elaborará un informe sobre esas necesidades porque "no todas las entidades necesitan la misma cantidad y no todas ellas han trabajado de la misma manera".
