La Federación Bancaria Francesa (FBF) ha advertido de que una tasa unilateral por parte de Francia sobre las transacciones financieras como la que propone Nicolas Sarkozy sería "ineficaz y contraproducente" para la economía francesa y obligaría a las entidades del país a migrar a otros centros financieros mundiales parte de sus actividades.

"Una tasa sobre las transacciones financieras que se aplique sólo en Francia lastraría el crecimiento, conllevaría una pérdida de competitividad y constituiría un serio obstáculo para la financiación del conjunto de la economía francesa", avisa la federación en un comunicado.

En este sentido, la FBF señala que, como ya han subrayado todos los actores económicos, si se impone una tasa sobre las operaciones financieras, debería ser puesta en marcha en la escena internacional, en un principio a nivel mundial.

Una medida nociva para la economía francesa

La FBF sugiere que este impuesto penalizaría la financiación de la economía francesa porque encarecería por naturaleza el coste de las operaciones, en un momento en el que los objetivos de crecimiento económico y creación de empleo requieren actores e instrumentos de financiación eficaces.

A este respecto, alerta de que forzaría a las entidades a trasladar una gran parte de las operaciones que realizan en París a otros centros financieros, al mismo tiempo que impediría la instalación de nuevos actores de financiación de la economía en el país.

Por otro lado, la patronal de la banca francesa afirma que la tasa sería "ineficaz" para la regulación del funcionamiento de los mercados financieros y de sus actores, que juegan un papel "esencial" en la financiación de la economía. "Solo una reglamentación adecuada, a la que los bancos franceses se suman, es probable que aumente la transparencia y la seguridad necesaria", añade.

También recuerda que los bancos franceses están sometidos a "numerosas tasas", algunas muy recientes, a diferencia de sus homólogos en otros países. Según la asociación bancaria, el sector es el único de la economía gala en el que la reforma fiscal de 2009 ha provocado un coste adicional, estimado en alrededor de 200 millones de euros anuales.