La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se vio obligada ayer de nuevo a apagar los fuegos que aventaron los ministros Cristóbal Montoro y Luis de Guindos a cuenta del cumplimiento del déficit y de un contrato único, respectivamente. Casi nada más sentarse ante los periodistas en la sala de prensa del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría dijo que el Ejecutivo seguía comprometido con el cumplimiento de los objetivos de déficit, que obliga a cerrar el año en un 4,4.
El gran problema es que un día antes, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, había afirmado en declaraciones al Financial Times alemán que sería "deseable" y "bueno" cumplir esos límite de déficit, pero que se habían marcado sobre unas previsiones de crecimiento "obsoletas", cuestionando de este modo que pudieran cumplirse los compromisos adquiridos, declaraciones que cayeron como una bomba de relojería en Moncloa. Porque si hay algo que el presidente del Gobierno,Mariano Rajoy, ha querido dejar claro en todos sus discursos, es que los límites se van a cumplir "sí o sí". Por eso mismo afirmó ayer tajante la vicepresidenta que "si las circunstancias hacen que tengamos que abordar nuevas reformas, lo vamos a hacer".
Después de intentar apagar este incendio, le quedaba otro, el de Luis de Guindos. Éste apostó en un artículo en el Wall Street Journal por simplificar los cuarenta contratos de trabajo distintos que hay en nuestro país por uno único a tiempo completo, con las mismas cláusulas para todos los trabajadores, y otro más destinado a fomentar el trabajo a tiempo parcial. Además, no deja de ser significativo que De Guindos entrara de cabeza en las competencias de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Rapapolvo a Economía y Hacienda
En este caso, Sáenz de Santamaría se limitó a decir que este Gobierno abordará una reforma del mercado laboral tendente a esa simplificación de la que hablaba de Guindos, cuyo objetivo es garantizar al estabilidad en el empleo, aunque eludió en todo momento hablar de contrato único. También admitió que tiene que reformarse la contratación a tiempo parcial. "Haremos una reforma adaptable a nuestro mercado de trabajo", señaló para calificar a continuación de "insuficiente" los acuerdos alcanzados entre los agentes sociales por no abordar, dijo, "aspectos clave y troncales en materia de contratación, flexibilización interna o negociación colectiva". Pero para que no hubiera dudas sobre sus respectivos rapapolvos a Guindos y a Montoro, subrayó que el contenido de la reforma laboral "se explicará desde esta mesa" y el objetivo de cumplimiento de déficit "es firme".
No es la primera vez que Santamaría tiene que apagar un incedio con varios focos. Ocurrió al poco de desembarcar en el Gobierno a cuenta de la desviación del déficit y esa vez no sólo se contradijeron Guindos y Montoro, sino que metió baza hasta el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz.
El Gobierno mantiene su voluntad de meter el acelerador en el calendario de reformas estructurales que insisten en tener culminadas en este primer trimestre del año aunque en un principio se hablara del primer semestre, pero, curiosamente, el Consejo de Ministros, contra lo que estaba previsto, no escuchó de Báñez un informe sobre la reforma del mercado laboral, ni de Guindos sobre la reforma financiera. Tampoco un tercer informe, este de Montoro, respecto a la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
El Consejo conoció, en cambio, un informe del titular de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado martes, así como otro sobre la reforma de los órganos reguladores. Los ministerios de Presidencia, Economía, Hacienda, Fomento y Sanidad formarán un grupo de trabajo para modificar el funcionamiento interno de estos órganos bajo las siguientes pautas: "independencia, profesionalidad y mayor intervención del Parlamento a la hora de la designación de sus miembros y control".
Por cierto, también quiso rebajar un poco el tono respecto a las responsabilidades penales en que los cargos públicos puedan incurrir por un mal manejo de fondos públicos, que anunció Montoro en una entrevista a la Cadena Ser. Admitió la vicepresidenta que existe un régimen de sanciones administrativas, contables y penales, pero que se trata de penalizar los comportamientos "dolosos y de ocultación" de algunos servidores públicos con medidas no tanto de cárcel como de "inhabilitación", tal y como adelantó Vozpópuli.
