El Gobierno está decidido a potenciar las fusiones en el sistema financiero como vía para realizar el saneamiento inmobiliario y acabar con las entidades zombies. Esta son las grandes líneas de actuación del plan de restructuración financiera que pretende concretar un nuevo mapa financiero con cinco grandes entidades y cinco de menor tamaño, como adelantó en su momento Vozpópuli. El futuro decreto se terminó de perfilar en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, del pasado jueves, y será aprobado, si no hay cambio de última hora, en el próximo Consejo de Ministros. De hecho, aquellas entidades que decidan no acudir a ningún proceso corporativo tendrán unos requerimientos más exigentes.

Según el plan del ministro De Guindos, las entidades que decidan seguir en solitario tendrán que articular las provisiones para limpiar el agujero de su ladrillo a través de una fórmula doble. Por un parte, el 70% de estas dotaciones se efectuarán sobre la cuenta de resultados, lo que llevará a que en determinadas entidades afloren los números rojos, y el 30% restante contra patrimonio. Ambas medidas tendrán que llevarse a cabo en un año. Por el contrario, quienes entren en un proceso de fusión tendrán dos años para realizar el saneamiento que, en este caso, se realizará enteramente contra patrimonio.

En cuanto al saneamiento, el Gobierno se plantea la obligación a las entidades financieras de provisionar contra resultados el 80% del suelo y el 35% de la vivienda terminada, frente al 30% actual para todo tipo de activo inmobiliario.

Hasta el momento, sólo dos entidades han presentado su cuenta de resultados: Banesto y Bankinter. Las cúpulas de ambos bancos han decidido realizar un saneamiento extraordinario en sus balances ante los futuros planes del Ministerio que preside De Guindos. Sin embargo, la orientación de esta limpieza ha sido diferente. Mientras Banesto provisionó 400 millones para mejorar la cobertura de todos sus inmuebles, castigando su cuenta de resultados y aflorando pérdidas en el cuarto trimestre, Bankinter apostó, por su parte, únicamente por mejorar la cobertura del suelo para poder cumplir con el compromiso de mejorar su cuenta un 20% con respecto a 2010. Sus 36 millones de dotaciones elevaron la protección de su cartera de suelo hasta el 75%.

Algunos presidentes de entidades conocieron las grandes líneas de este nuevo plan por boca del propio De Guindos, el pasado jueves. En estas conversaciones, el ministro de Economía volvió a reiterar que el coste de la restructuración no será asumido en ningún caso por los contribuyentes. De hecho, según reconocen fuentes del sector, “De Guindos expresa que no existirán ayudas públicas ni del FMI, ni de Bruselas, ni del Banco Central Europeo ni del propio Gobierno español”.

“Es un mensaje complicado de cumplir”, aseguran desde un banco que supera los 100.000 millones en activos. Más, si cabe, con el reconocimiento explícito por parte del Gobierno de que la caja del Fondo de Garantías de Depósitos (FDG) sólo alcanza para articular las ayudas al Sabadell por la compra de la CAM. “Algún que otro vehículo de ayudas tendrán que presentar porque si no las subastas de UNNIM, Banco de Valencia, Novagalicia y CatalunyaCaixa pueden quedar desiertas si no existen este tipo de ayudas”, explican desde un banco de cajas.

De hecho, en el sector sorprende que el Gobierno pueda dar marcha atrás en la fórmulas de adjudicaciones al estilo CAM, cuando el Banco de España ofrece al comprador de Unnim un esquema de protección de activos (EPA), lo que supone una garantía contra pérdidas futuras, de 5.000 millones de euros. Si esto sucede, la nómina de seis entidades que aparecen en el proceso de ofertas no vinculantes puede reducirse ostensiblemente.

El decreto que prepara el Gobierno también ahonda en la mejora de la gobernanza de las entidades, así como incide en el control y racionalización de las retribuciones a las cúpulas de las entidades que han recibido ayudas públicas o que registren pérdidas con las nuevas exigencias de saneamiento inmobiliario.

Banco del suelo: ¿antes, después de las fusiones o nunca?

Uno de los puntos que el Gobierno no ha terminado de perfilar es el conocido en el sector como el banco de suelo, la estructura por la que propugnan algunas entidades, como Bankia, para aglutinar el suelo adjudicado del sistema financiero. Desde el sector se reconoce que existe una corriente de entidades que pujan porque se articule este vehículo antes de que se inicie el baile de las fusiones, otras que lo aprueban una vez reducida la capacidad del sector y un último grupo que lo desaprueba.

La mayoría del sector se muestra convencido de que el Gobierno optará por el modelo alemán en caso de articular un banco de suelo. Según esta vía, las entidades transferirían el suelo de sus balances a este organismo público, reconociendo importantes minusvalías sobre su valor en libros, que compensarían a lo largo de 20 años. El Gobierno, que valora las carteras a precio de mercado, recompra el suelo a través de bonos o deuda avalada que las entidades pueden utilizar como colateral ante el Banco Central Europeo.

Sin embargo, alguna entidad baraja la opción de que en el modelo de banco de suelo español haya que realizar las provisiones de una sola vez y no a lo largo de 20 años como en el modelo alemán.

Todas estas medidas encaminadas a las fusiones tendrán un efecto demoledor a nivel laboral. El plan del Gobierno sostiene que hay que reducir la capacidad del sector en un 20%, lo que significa un cierre masivo de sucursales y un número de despidos que pueden alcanzar los 25.000 trabajadores. Desde que se inició la primera ronda de consolidación financiera se han cerrado más de 4.500 oficinas, según reconoce una firma de auditoría.