El Ejecutivo catalán ya ha mantenido una primera entrevista con la titular de Fomento, Ana Pastor, y le ha puesto sobre la mesa una patata caliente: o el Gobierno se compromete a completar el plan de inversiones pactado en su día entre Zapatero y el tripartito que presidió José Montilla o la Generalitat hará todo lo que esté en sus manos para devolver esta transferencia, que no ha hecho sino provocar dolores de cabeza a la administración catalana desde que la recibió en 2010.

La crisis ha llevado a buena parte de las comunidades no solo a dejar de reclamar nuevas competencias, sino a plantear abiertamente al Gobierno su devolución por falta de fondos para financiarlas. En Madrid ha pasado con la administración de Justicia. Fuentes nacionalistas explican que el tripartito intentó apuntarse un tanto cuando consiguió este traspaso del Ejecutivo central a pesar de que se realizó en condiciones tan precarias que dos años después sólo se ha ejecutado un 10% de la inversión prevista.

Las quejas de los nacionalistas catalanes al ex ministro de Fomento José Blanco no dieron resultado y ahora esperan la respuesta de Ana Pastor, que se ha comprometido a trasladar el problema al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. El margen es escaso ya que Fomento es uno de los departamentos más lastrados por el reciente acuerdo de no disponibilidad.

 Cataluña solo se ocupa de la gestión del servicio, pero no ostenta la titularidad ni de los trenes ni de las vías, materiales que se han deteriorado con el tiempo. En la última semana se han producido dos accidentes, uno en la localidad de Sitges y otro entre Tarrasa y Manresa.

El malestar de la Generalitat con Renfe es patente, pero no tiene capacidad para cambiar de operadora, a pesar de que el compromiso inicial preveía esta posibilidad. “En realidad, lo único que hemos hecho es quitar la ‘c’ de cercanías y pintar los trenes de naranja”, explican las mismas fuentes.

El Estatuto catalán, reformado en 2006, otorga a la Generalitat la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera y le faculta a elegir el operador del servicio, algo que se está incumpliendo por la resistencia del Gobierno central, según los nacionalistas catalanes.