Por enésima vez desque que comenzó la crisis, la cuenta atrás para Europa comienza en Atenas. El lunes, reunión del Eurogrupo. Hoy, continúa la reunión clave entre Grecia y los acreedores en torno a la quita griega. Doctrina estoica: el Gobierno del tecnócrata Lukas Papademos pretende que los inversores cobren la mitad (o menos) del monto de deuda que entra en el saco, 205.000 millones (de un total de deuda de 375.000 millones). A última hora de ayer aún no había noticias de un posible pacto.
Si no se consigue una aceptación por parte de los acreedores del 100% de esos 205.000 millones, se abre un escenario de consecuencias impredecibles. En la negociación de la quita voluntaria, el Estado griego posee 155.000 millones de euros en bonos, aproximadamente entre el 70% y el 80% de la parte negociable. Ahora bien, otros 50.000 millones están en el aire. ¿Y si los acreedores no aceptan voluntariamente?
Una posibilidad es la siguiente: como mal menor, la UE y el FMI pueden incrementar en 30.000 millones de euros el dinero del rescate, según fuentes inversoras. Si esto ocurre, el segundo paquete de ayudas que recibiría Grecia pasaría de 130.000 millones a 160.000 millones de euros. Un aumento que implica, evidentemente, más ajustes.
Quienes no acudirán a la quita voluntaria y por qué
Los 50.000 millones que hasta ahora no ha acudido a la restructuración son básicamente fondos de inversión y fondos soberanos. Destaca especialmente el papel de ciertos fondos de alto riesgo, interesados en que fracase el proceso. Estos fondos han comprado a precios de saldo unos bonos muy devaluados en el mercado que se cubren con seguros de impago, en inglés credit default swaps o CDS.
Su estrategia es negarse a lo que les piden (hay que insistir: voluntariamente) Bruselas y el Fondo Monetario Internacional. El premio es muy goloso: o conservan el derecho a cobrar, o bien la quita tendrá que ser obligatoria y entonces sí podrían cobrar los seguros de impago. Un riesgo que estos días se otea en el horizonte: la semana pasada trascendió que varios hedge funds estarían detrás de tales triquiñuelas.
Cambio en las cláusulas
Otra posibilidad: Atenas puede amenazar con meter en los bonos que no se canjeen un cambio de las clausulas de acción colectiva, de carácter retroactivo. Esto se haría introduciendo impuestos sobre el principal y los cupones o, alternativamente, provocar una quiebra involuntaria.
Pero el mercado vislumbra sobre todo una opción: que aumenten las ayudas de Europa en 30.000 millones a cambio de ajustes.
Consecuencias
Si se obliga a los acreedores, se activarían los seguros de impago o CDS: esto puede acarrear un importante contagio en la Eurozona, especialmente en Italia y España. Los otros grandes perdedores serían los bancos estadounidenses, que son quienes realmente se han hecho cargo de buena parte de esos seguros.
Si se cambian las clausulas de acción colectiva con carácter retroactivo afectaría a los 50.000 millones de euros que tiene el BCE en esos bonos griegos y el Banco Central Europeo tendrá que asumir una pérdida. Teniendo en cuenta que el precio medio al que se ha comprado esos bonos griegos por parte del BCE, según fuentes consultadas por este medio, es de 80 céntimos, la quita implicaría una perdida para el Banco Central de unos 20.000 millones de euros.
Grecia no es un caso especial y único respecto al resto de los periféricos. Si la restructuración de la deuda sale mal se crea un precedente que llevaría a un fortísimo contagio para el resto de los periféricos. Además, no será la última quita.
