El Gobierno ha ratificado este martes que se estudia una "reducción inicial" de un 20% de las entidades públicas de la Administración General del Estado y ha anunciado un plan para ahorrar en la gestión de los 50.000 inmuebles que tiene.
Sáenz de Santamaría ha comparecido ante la Comisión Constitucional del Senado para presentar los planes de su departamento y ha explicado, por ejemplo, que el Estado gasta 100 millones en alquileres cuando en el centro de Madrid hay patrimonio sin utilizar por valor de 500 millones.
Ley de Estabilidad Presupuestaria
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Senado, que el Consejo de Ministros aprobará este viernes el Anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, que desarrollará la reciente reforma constitucional del artículo 135 con la que se introducía un control estricto del déficit de las administraciones públicas. Sáenz de Santamaría ha anunciado que se introducirán "obligaciones y sanciones" para aquellas administraciones y organismos públicos que la incumplan.
En el caso de las conductas más graves, en paralelo a la futura ley, se dará luz verde a una modificación del código penal para las conductas más graves teniendo en cuenta su intencionalidad y los daños a la hacienda pública. Lo que podría llevar a la inhabilitación de los responsables. La número dos del Ejecutivo ha anunciado que el veto del Senado respecto al techo de gasto será efectivo, y no podrá "levantarlo" el Congreso de los Diputados con una mayoría simple, como ha venido sucediendo durante la anterior legislatura.
Sobre los datos de déficit de 2011 publicados ayer, la vicepresidenta ha considerado que no es el momento de "repartir culpas o poner excusas" por la desviación de dos puntos y medio sobre la previsión (un 8,51% del PIB frente al 6%), sino de aprender de los sucedido para no repetir errores. En esta línea ha recordado, que cuando España tenía superávit, se relajaron los controles del Estado.
En el capítulo de anuncios, Soraya Sáenz de Santamaría, ha revelado que el Gobierno fijará próximamente "condiciones especiales", para familias que tengan a todos sus miembros en paro. En esta línea, ha añadido que estas personas verán rebajados los intereses de morosos así como se modificarán los plazos de ejecución. En este sentido, ha aludido al código de buenas prácticas anunciado por De Guindos - "bien acogido por el sector"-, en el que se recomienda a las entidades financieras un periodo de carencia en las hipotecas y la dación en pago.
Transparencia
La comparecencia de la vicepresidenta ante los senadores aportó novedades sobre la futura Ley de Transparencia Pública, cuyo Anteproyecto será visto en el Consejo de Ministros antes de un mes y con el que el Gobierno busca garantizar el acceso información pública, así como establecer las obligaciones de todo buen gobierno. En este sentido, ha especificado que la futura norma impondrá una serie de principios éticos generales y un ámbito de obligaciones concretas para los altos cargos de la Administración Pública, entre otras novedades.
La voluntad del Ejecutivo, ha seguido explicando la responsable del Ministerio de Presidencia, es someter el texto que apruebe el Consejo de Ministros a audiencia pública a través de "un buzón de sugerencias". Tras lo cual se establecerá un portal de transparencia con "información proactiva" de todos los organismos públicos, en lo que ha definido la vicepresidenta como "una nueva forma de entender el derecho de la ciudadanía a recibir cualquier información". Por último, ha informado que España presentará un plan específico a principios de abril y que, posteriormente, firmará la declaración de Gobierno Abierto durante una reunión internacional de esta Iniciativa los días 17 y 18 de abril de este año.
Reforma del Senado y renovación del TC
Soraya Sáenz de Santamaría también se ha referido a los primeros pasos que está dando el Senado para su reforma, con la aprobación de una ponencia: La vicepresidenta del Gobierno ha constatado que la "Cámara ha cumplido perfectamente sus funciones" y que "ahora hay mejor voluntad" para reformarla. Por ello, ha sugerido que el Senado "puede aumentar sus funciones en materias autonómicas cambiando la preeminencia de las Cámaras", para que las iniciativas en este terreno puedan partir de la Cámara Alta. En opinión de la número dos del Ejecutivo el objetivo sería convertirlo en un "foro cooperación multilateral". Sobre la renovación del Tribunal Constitucional, donde ha recordado que tanto PSOE como PP acordaron un plazo temporal para nombrar a los nuevos miembros designados por el Congreso de los Diputados, ha reiterado las posiciones del Ejecutivo sobre recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía o el cambio en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tampoco han faltado referencias a la reciente reforma de los órganos de regulación, por la que todos se fusionan en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, abriendo a la Cámara Baja de vetar los nombramientos de sus miembros previa audiencia.
