El decreto que reforma la legislación laboral y que, posteriormente, se tramitará como proyecto de ley, será sometido a la convalidación del Congreso este jueves y el Gobierno no quiere quedarse solo en la votación. La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, negocia personalmente con el portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, un acuerdo que permita a los nacionalistas catalanes apoyar el decreto y acompañar así al PP en una reforma que el PSOE quiere convertir en el principal elemento de erosión política del Gobierno.

CiU avala el grueso de esta reforma porque contiene muchas de las reivindicaciones que defiende la patronal catalana. Pero no está dispuesta a darle un cheque en blanco al Gobierno de Mariano Rajoy y ha puesto el acento en aquellos extremos que pueden menguar las competencias de la Generalidad. En concreto, a los nacionalistas catalanes les molestan tres disposiciones que devuelven el control de una parte de las políticas activas de empleo a Madrid. Supone, en última instancia, el control sobre el destino de 500 millones que la Generalidad dedica a talleres de formación, cursos para los parados, programas de ocupación y demás iniciativas teóricamente destinadas a la creación de empleo.

Si el Gobierno cede en este terreno, también saldrá ganando el Gobierno vasco, que se juega en las políticas de formación un montante similar al de Cataluña. Sin embargo, el PNV ya ha anticipado su voto en contra del decreto, pues ha llegado a la conclusión de que no le compensa arrastrar en el País Vasco ningún coste político avalando una reforma que, gracias en parte a la ofensiva de Rubalcaba, se está volviendo bastante impopular. Pese a su voto contrario, el PNV asume también en privado buena parte del contenido del decreto.

Los contactos entre el Gobierno y CiU se llevan en los últimos días al máximo nivel. Fátima Báñez y Josep Antoni Durán i Lleida, asesorados por sus expertos, peinan el decreto para despejar los puntos de desacuerdo y conseguir un pacto que permita a CiU acompañar al Gobierno en esta importante reforma. Además de la preocupación por el control de las políticas activas de empleo, los catalanes coinciden con la patronal en que habría que crear un ‘contrato joven’ dotado de la mayor flexibilidad posible para frenar un desempleo juvenil que supera el 40%.

El Ejecutivo está muy interesado en el acuerdo con CiU porque el próximo martes también somete a la aprobación del Congreso el techo de gasto, antesala del debate presupuestario. En este caso, los nacionalistas catalanes han supeditado su voto favorable a las negociaciones que mantiene la Generalidad de Cataluña para flexibilizar el ajuste que debe afrontar en este ejercicio y el que viene.

El PSOE y el bloque de izquierdas ya han anticipado su rechazo tanto a la reforma laboral como al techo de gasto.