Los funcionarios de la inspección antifraude cesados por Montoro la semana pasada todavía no tienen nuevo destino y se han quedado con sus retribuciones básicas, según el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Es decir, desde el pasado 5 de marzo han pasado de ganar 120.000 euros anuales a cobrar más o menos de la mitad, hasta que se les adjudique un nuevo destino. Sobre este tema ha sido interrogado el ministro de Hacienda durante la sesión de control de este miércoles en el Congreso. Los cesados han sido el jefe de la Oficina de Investigación del Fraude (ONIF), su adjunto y los seis jefes de equipo. Fuentes del Ministerio de Hacienda, consultadas por Vozpópuli, afirman que nunca facilitan cifras concretas sobre retribuciones pero han recordado que se trata de puestos de confianza, nombrados directamente por la directora general de la Agencia Tributaria, y que los cambios son habituales. Además, han afirmado desde el Ministerio, que los cesados - todos inspectores de Hacienda- están "a disposición" de sus superiores. También niegan cualquier parón en las investigaciones en curso, así como que se trate de una depuración.
Fuentes del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) también admiten que siempre se han producido cambios cuando ha entrado un nuevo Gobierno, pero que a diferencia de los introducidos por el PSOE en 2004, no han sido graduales sino que ha afectado a toda la cúpula: el jefe de la OFI, su adjunto, y los seis jefes de equipo además del responsable de la unidad de apoyo informático. Por su parte, desde Hacienda consideran los cambios "normales" y apuntan como ejemplo el que desde 2000 haya habido 5 jefes diferentes de la ONIF. También matizan que la salida o entrada de funcionarios se produce también sin que medien unas elecciones. Sobre el futuro de estos funcionarios, desde Gestha, apuntan que lo usual es que sean destinados después como delegados de la Agencia Tributaria (Agencia Estatal de Administración Tributaria) en alguna comunidad autónoma de relevancia. Fuentes de Hacienda han confirmado que se les suele destinar a alguna delegación, a un puesto acorde con su categoría.
Como recuerdan desde Gestha, los funcionarios que ostentan estas responsabilidades en la ONIF han ejercido previamente puestos de subdirector o director en algún departamento de la Agencia Tributaria. Por lo tanto, se trata de niveles importantes dentro de la Administración y muchos de ellos también conllevan un grado de confianza.Tal es el ejemplo del nuevo jefe de la ONIF, Santiago Menéndez Menéndez, quien ha sido director de Recaudación entre 1999 y 2004. O de su adjunta, Pilar Valiente, que fue directora de Inspección y presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la que dimitió en 2001. También dos de los nuevos jefes de equipo, Víctor de la Morena y Asunción Martínez, han ejercido la subdirección de Recaudación en el mismo tiempo que fue director del departamento el nuevo máximo responsable de la Oficina de Investigación del Fraude.
La 'Audiencia Nacional' del fraude
Tanto el puesto de jefe de la ONIF, como del de responsable de investigación y los de jefe de equipo son de libre designación entre los 28.000 funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, lo que en opinión del secretario general de Gestha José María Mollinedo, "no garantiza la estabilidad del empleo ni la neutralidad" en este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda; y que es una "Audiencia Nacional" con 210 empleados en el que recalan los expedientes más mediáticos (Gürtel, Forum y Afinsa o el 'Caso Nóos'). Desde el Ministerio de Cristóbal Montoro, tras negar cualquier parón en las investigaciones en curso o que se trate de una depuración política, no han dudado en elogiar la "acreditada experiencia" del equipo saliente y entrante.
Gestha pide que todos los altos cargos de la ONIF sean elegidos a través de un concurso de méritos y no por libre designación, reservando esta para cargos con "funciones exclusivamente directivas"; así como "mayores responsabilidades y competencias" para los trabajadores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o "potenciar" la investigación de los fraudes más complejos frente a las comprobación rutinaria de las cuentas de los declarantes, entre otras propuestas.
