La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, defendió ayer en el Congreso la reforma laboral porque está planteada, en su opinión, para frenar el desempleo juvenil, crear empleo estable, ganar competitividad y flexibilizar el funcionamiento interno de las empresas. Ahora le toca al PP defenderla en toda España porque la campaña del PSOE para desacreditarla está siendo muy dura y busca erosionar las posibilidades de Javier Arenas y de Mercedes Fernández en Andalucía y Asturias.

El PP ha elaborado un argumentario en defensa de la reforma laboral en el que se recuerda que  fueron las políticas socialistas las que trajeron al país mayor precariedad laboral, las que promovieron los contratos temporales, las que introdujeron los llamados ‘contratos basura’ y las que mandaron más trabajadores al paro. El PP también acentúa que Zapatero y Rubalcaba rebajaron el sueldo a los funcionarios, congelaron las pensiones y elevaron la edad de jubilación a espaldas del Pacto de Toledo.

En el documento que ha distribuido el PSOE a sus dirigentes para rechazar la reforma se subraya el abaratamiento del despido objetivo, la mayor facilidad que tendrán las empresas para rebajar salarios e imponer las horas extraordinarias y la puerta que abre el cambio legislativo para los despidos colectivos en las tres administraciones, donde se calcula en un millón el número de trabajadores que pueden verse afectados.

Los socialistas olvidan contar en su argumentario que el núcleo de la reforma laboral procede de los cambios que Zapatero hizo en 2010 con el asesoramiento, sobre todo, del bufete Cuatrecasas. Fue aquella reforma la que introdujo por primera vez el despido objetivo con 20 días de indemnización en aquellas empresas que pudieran acogerse a “una situación económica negativa” con independencia de la antigüedad del trabajador y de las condiciones de su contrato. En realidad, fue esta reforma la que dio retroactividad al abaratamiento del despido incluso en el caso de los contratos indefinidos que daban derecho a 45 días de indemnización por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades.

Los dos principales sindicatos, UGT y Comisiones, han trasladado a los grupos parlamentarios sus enmiendas a la reforma laboral. Entran al trapo del despido objetivo, pero limitan lo que el juez debería interpretar como “situación económica negativa” de la empresa. En lugar de establecer las pérdidas, disminución de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, como fija la actual reforma, hablan de que la empresa solo podría recurrir al despido colectivo de sus trabajadores cuando demuestre que gracias a ello salva el negocio.