Ajuste presupuestario… ¿o concentración de poder? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que ha comenzado a perfilar el Gobierno ha levantado fuertes suspicacias en el sector. El nuevo organismo integra en un solo paraguas las funciones que en la actualidad están repartidas principalmente entre el vigilante del mercado, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la de Telecomunicaciones (CMT). Sin embargo, según recogen las 48 páginas del borrador del Anteproyecto de ley que obra en poder de este diario, muchas de las competencias que hasta ahora estaban en manos de estos reguladores independientes vuelven al poder político, en particular, al ministerio de Industria que ahora pilota José Manuel Soria.
Según el texto citado, que se ha remitido a los actuales reguladores para que expresen su opinión así como al Consejo de Estado, una de las misiones que recaería bajo el control de Soria es la llamada “Función 14”, la prerrogativa de la que gozaba la CNE para decidir quién podía tomar una participación en las empresas reguladas del sector energético.
La liquidación e inspección de las empresas del sector de la energía también pasarían al ministerio de Industria, así como la fijación del coste del servicio universal o la portabilidad, en el mercado de las telecomunicaciones. Como explican fuentes del sector, estas funciones son las denominadas ex-ante, es decir, que se regulan de forma previa a que la empresa lleve a cabo la actividad. Sin embargo, la nueva súperautoridad adoptaría las funciones ex-post más propias de un organismo como la CNC, que actúa dirimiendo si se está dañando o no la competencia en un sector.
El borrador que maneja el Ejecutivo desarma a los dos órganos, que se integrarían como direcciones generales dentro de la nueva súperautoridad. En el caso de la CMT el agravio es aún mayor ya que el texto deja claro que la nueva sede de Competencia estará en Madrid, aunque deja abierta la posibilidad de que se creen otras subsedes.
Así, aunque el proceso de instrucción de un expediente en telecomunicaciones se siguiera llevando a cabo por el personal adscrito a la sede de Barcelona, la última palabra la tendría el Consejo de la CNMC que estaría ubicado en Madrid. El borrador ha caído como un jarro de agua fría tanto en la CMT como en la CNE, dos órganos que no han terminado de encajar con el supervisor del mercado que durante la etapa del Gobierno de Rodríguez Zapatero dirigía Luis Berenguer y que ahora ha pasado a manos de Joaquín García Bernaldo de Quirós.
Otra competencia que reubica el Anteproyecto es la de decidir qué evento deportivo es de “interés general”, asunto que recaerá en el ministerio de la Presidencia. Esta misión se había quedado en un limbo jurídico, ya que se le había asignado a un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que ya no verá la luz, y cuyas funciones asumirá casi en su totalidad –excepto la citada del interés general- el ministerio de Soria.
Falta de especialización
Otro de los principales recelos que ha despertado el texto en la comunidad jurídica es que los nueve miembros que compondrán el Consejo de la CNMC, deberán dirimir por igual en asuntos tan complejos como el mercado de las telecomunicaciones, el de la energía o el de un cártel de precios del champú. Los expertos recuerdan que es casi imposible tener conocimientos bastantes sobre materias tan complejas, y temen las consecuencias de esta falta de especialización.
Estos consejeros tendrán un mandato de seis años y serán nombrados por el Gobierno a propuesta del ministerio de Economía y Competitividad. El candidato propuesto deberá de comparecer en la Comisión competente del Congreso de los Diputados, que podrá vetar su nominación.
El actual ministro de Economía, Luis de Guindos, fue el secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia durante el Gobierno Aznar, y su secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, fue director general de Defensa de la Competencia, por lo que ambos son profundos conocedores del sector. La actual CNC está compuesta tradicionalmente por funcionarios del cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado (como De Guindos y Latorre), conocidos como tecos, una estructura que el Anteproyecto de ley parece querer reforzar, ya que insiste en la necesidad de que el nuevo súperregulador esté compuesto por funcionarios y, en algún caso, por personal laboral (que también deben pasar una prueba de concurso-oposición). El denominado personal estatutario, esto es, los que habían sido “fichados” por su currículo tenderá a desaparecer en estos organismos.
El texto se ampara en que hay normativas similares que se han llevado a cabo en la UE y cita en particular a Holanda. Sin embargo, como recuerdan fuentes del sector, se olvida de decir que el cambio regulatorio se implementará en los Países Bajos en cinco años, mientras que aquí será de efecto inmediato. Además, los expertos del sector lamentan la opacidad con la que se está llevando a cabo el proceso, que a diferencia de la última normativa de Competencia, no se ha sometido a consulta pública.
