El Gobierno tiene sobre la mesa una reforma de la Ley de RTVE, de 2006, si no hay acuerdo con el PSOE para abordar la renovación de su Consejo de Administración y la elección de su presidente, para lo que se requiere una mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados, 234 votos. Los populares se muestran escépticos sobre la disponibilidad del PSOE al acuerdo,a pesar de las palabras que, en este sentido, pronunció ayer el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. En declaraciones a TVE señaló que en la reunión "discreta" que mantuvo a principios de marzo con Mariano Rajoy en la Moncloa acordaron dejar para después de las elecciones andaluzas y asturianas la renovación del Ente, que, a su juicio,"necesita una solución urgente", aunque, eso sí, matizó, "los nombres se consensúan, no vale cualquiera".

En cambio, el PP cree que al PSOE al que le interesa perpetuar la actual situación de la radio y la televisión públicas, unido al hecho de que las negociaciones que mantiene con Izquierda Unida para alcanzar un gobierno de coalición o pacto de gobernabilidad en Andalucía, dificultan la interlocución con el Ejecutivo. "Rubalcaba necesita ahora de la radicalidad" para poder contentar a al formación de Diego Valderas, afirman tajantes fuentes populares, escépticas sobre una salida pactada a corto plazo, "pero las cosas no se pueden dejar como hasta ahora".

Y es ahí donde sopesan un cambio de la Ley de RTVE, en concreto, de su artículo 11, que recoge el método de elección del presidente y de los miembros del Consejo de Administración. La Ley, auspiciada en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, establecía la elección, por parte del Congreso, de ocho consejeros y, por parte del Senado, de cuatro, "entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional". Del cupo de los ocho correspondientes a la Cámara Baja, dos debían serlo a propuesta de los dos sindicatos más representativos, esto es, Comisiones Obreras y UGT.

La renovación del presidente y de los consejeros del Ente exige el respaldo de dos tercios del Congreso y Senado

Todos los aspirantes, según la ley actual, deben comparecer en audiencia pública ante el Congreso y el Senado y necesitan de una mayoría de dos tercios de la Cámara para poder prosperar sus candidaturas. Será luego el Congreso, de entre los doce miembros del Consejo, el que elija, también por una mayoría de dos tercios, a aquel que desempeñe, por un mandato de seis años, el cargo de presidente de la Corporación. Este cargo, al igual que el del resto de los consejeros no es renovable y, además, el consejo de Administración se cambia parcialmente por mitades, cada tres años, por cuotas iguales en razón del origen de su propuesta. Actualmente, el Ente carece de presidente tras la dimisión de Alberto Oliart, que sustituyó a otro dimisionario, Luis Fernández, ambos pactados entre PSOE y PP. La presidencia se ejerce de forma rotatoria entre los consejeros que quedan, porque muchos de ellos, con su mandato caducado han decidido dimitir. Se trata pues, de un órgano descabezado obligado a tomar decisiones tan importantes cómo por dónde "recorta" los doscientos millones de euros menos que hava a dejar de recibir en este ejercicio presupuestario.

Sin "sesgos partidistas"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, defendió que corresponde al Gobierno tomar una decisión para que "la pluralidad esté garantizada" y no haya "sesgos partidistas", lo cual "sería muy bueno para todos los españoles". "Estaría bien que si el PSOE tiene voluntad de consenso, que se note, porque a la hora de renovar el Csoneno no puede ser lo que quiere el PSOE" al que acusó de querer "controlar" este órgano. 

No cabe duda que una dificultad añadida para desbloquear la renovación es el anuncio de Rubalcaba de que no volverá a tener reuniones "discretas" con Rajoy en Moncloa, como la que celebraron a principios de marzo, tras la revelación que de ésta hizo el jefe del Ejecutivo durante un debate en el Congreso. La desconfianza se ha instalado en Ferraz, pero Cospedal señaló que Rajoy siempre acudió a las reuniones "oficiales u oficiosas" a las que era convocado "porque tenía sentido de estado" aunque "cada uno es muy libre de tener las reuniones que quiera tener".